La Jornada, 09 de junio de 2015
Al joven Antonio Vivar Díaz lo mató este domingo la Policía Federal. No fue el único agredido por la fuerza pública en Tlapa. Al menos otras cuatro personas fueron heridas de gravedad. Antonio era padre de un niño de ocho meses. Estudiaba el último año de la licenciatura en desarrollo comunitario integral, en la Universidad Pedagógica Nacional.
Todo comenzó cuando a las 2:30 de la tarde, elementos de la Policía Federal a bordo de dos patrullas allanaron violentamente las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg). Sin que mediara orden de aprehensión, detuvieron a seis maestros. Más tarde, policías de la misma corporación regresaron a las oficinas magisteriales y se apropiaron de dos camionetas de los docentes.
Los agentes entraron también a la casa del profesor Juan Sánchez Gaspar y se lo llevaron violentamente. Su hijo es el maestro Juan Leuquín Sánchez, brutalmente agredido por la policía estatal y por golpeadores de partidos políticos el pasado 5 de junio.
Indignados ante las detenciones y los allanamientos, los vecinos de la colonia Tepeyac recriminaron a los uniformados su comportamiento, los retuvieron y les advirtieron que no los dejarían ir hasta que los mentores aprehendidos fueron liberados. La Policía Federal respondió desplegando un aparatoso operativo de asedio a la población. Finalmente, con la mediación de Tlachinollan, se acordó intercambiar los detenidos de ambos bandos.
Cerca de las 8 de la noche, incumpliendo el compromiso pactado, la Policía Federal incursionó en la colonia disparando armas de fuego y gases lacrimógenos. Según testimonios, en la acción participaron también soldados del 27 batallón de infantería. En el operativo, los agentes asesinaron a Antonio Vivar Díaz.
Lo ocurrido en Tlapa no fue una excepción. En Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Marina protegieron los comicios. Las elecciones en esas entidades se realizaron en un clima de militarización. Su objetivo fue impedir el llamado al boicot electoral promovido por el Movimiento Popular Guerrerense y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para dar solución a un pliego petitorio de 11 puntos presentado a la Secretaría de Gobernación, en el que demandó, entre otras cosas: la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y demás desaparecidos; la abrogación de todas las reformas estructurales, en particular la educativa, y un nuevo modelo pedagógico para el país.
En Chiapas, el magisterio realizó diversas acciones de protesta. El de Oaxaca ocupó las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), y tomó gasolineras, la refinería y el depósito de Pemex. Después de una reunión entre la comisión negociadora y el secretario de Gobernación, efectuada la noche del viernes 5 de junio en el Campo Militar número uno, en el que el funcionario puso un ultimátum al movimiento, un dirigente sindical oaxaqueño dio la orden de desalojar las instalaciones ocupadas y concentrarse en los parques públicos. Pese a ello, en ciudades como Tuxtepec maestros y pobladores chocaron los elementos castrenses. Decenas de profesores fueron detenidos...