La Jornada, 02 de septiembre de 2014
La lista de ríos y presas envenenadas es larga. Minas e industrias depositan en ellas regularmente sus desechos tóxicos. Derrames de arsénico, sulfato de zinc, lixiviados, hidrocarburos, queroseno han emponzoñado sus cauces y embalses. Así sucedió en el río Yaqui, Sonora; en el San Juan, Cadereyta; en Agua Dulce, Veracruz; en Los Remedios, Durango; en la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, y muchos otros más. La Comisión Nacional del Agua reconoce que, en casi dos años, han sido registrados 32 casos. La situación es en realidad mucho más grave.
La gota que alertó a la opinión pública sobre la delicada situación de nuestros acuíferos fue el vertimiento de contaminantes de la mina Buenavista del Grupo México, el 6 pasado de agosto. Ácido y metales pesados escaparon al arroyo Las Tinajas y los ríos Bacanuchi y Sonora. Es, se dijo, la peor tragedia ambiental de la industria minera en la historia reciente.
En lugar de enfrentar su responsabilidad, la compañía de Germán Larrea hizo lo usual en estos casos: tratar de evadirla. Estamos hartos de las mentiras de Grupo México. Dice mentira tras mentira, denunció Pedro Armando Lugo, presidente municipal de Aconchi.
La catástrofe de Sonora es parte del descomunal colapso ecológico en curso. Cada día que pasa la devastación ambiental se expande y profundiza en todo el territorio nacional. Las autoridades han extendido a los grandes empresarios una garantía de impunidad para que hagan lo que quieran con los recursos naturales y los ecosistemas. La legislación que debe procurar su cuidado es letra muerta. El país ha perdido de la mano de la enajenación de sus recursos mineros e hidrocarburos su soberanía ambiental.
Una radiografía aproximada del desastre hídrico nacional ha sido elaborada por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) y el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA). Los casos presentados ante ambas instancias éticas internacionales por grupos de afectados ofrecen un panorama desolador. En ellos se ha hecho evidente tanto el incumplimiento como la abierta violación de la ley por parte del Estado mexicano, no como un hecho aislado, sino como expresión de una desviación de poder en beneficio de intereses privados.
El sistema de uso y manejo del agua en nuestro país es ineficiente. Multitud de acuíferos están sobrexplotados, cuando no abatidos. Se transportan millones de metros cúbicos de unas cuencas a otras. Cada vez es más común en el centro y norte extraer aguas con altas cantidades de arsénico. Los niveles de los mantos freáticos han descendido, al tiempo que se ha incrementado la salinización y sulfatación de las tierras de uso agrícola...