La Jornada, 12 de enero de 2016
Está en marcha una execrable campaña de calumnias contra Ángela María Buitrago. Su objetivo no es sólo difamarla en lo personal, sino desacreditar la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI fue formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica internacional, desde la perspectiva de los derechos humanos, en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero. Fue creado en noviembre de 2014.
Ángela María Buitrago forma parte del grupo de expertos. Es una reconocida abogada colombiana, con credenciales académicas y profesionales intachables. Tiene maestría en derecho penal, doctorado en derecho y diversas especializaciones. Trabajó en los juzgados ambulantes de su país natal, haciendo necropsias y levantamiento de cadáveres; litigó y dio clases. En 2005 entró a trabajar con la Fiscalía General. Tres años después fue nombrada fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
La doctora Buitrago impartió justicia desafiando la impunidad de los poderosos colombianos, sin miedo a nada o a nadie. Trabajadora tesonera e incansable, resolvió los más difíciles casos que llegaron a sus manos con probidad, eficiencia y equidad. Implacablemente seria en las audiencias, fue llamada La fiscal de hierro.
A la fiscal nunca le tembló la mano para juzgar a los hombres del poder. No le importaron las consecuencias. Puso tras las rejas a buen número de políticos asociados con los paramilitares. Mandó a la cárcel a personajes como el gobernador Edilberto Castro y al ex director de la Fiscalía de Medellín Guillermo León Valencia Cossio.
Uno de los casos más fuertes que enfrentó fue el juicio a varios militares por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas en la retoma del Palacio de Justicia por el Ejército en 1986. Ella lo desenterró después de más de 20 años de ominosa impunidad.
La historia se remonta al 6 de noviembre de ese año, cuando guerrilleros del M-19 ocuparon la sede del Poder Judicial y tomaron en rehenes a 350 personas, entre las que estaban magistrados y consejeros del Estado. Con la medida, buscaron denunciar que las fuerzas armadas habían roto un cese al fuego pactado y que el presidente Belisario Betancur había incumplido el acuerdo con ellos para buscar salidas políticas al conflicto.
Un día después, los uniformados asaltaron a sangre y fuego al Palacio de Justicia. El saldo fue de 98 muertos. Once personas más fueron consideradas desaparecidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó la acción militar de holocausto y masacre.
A contracorriente, la fiscal Buitrago emprendió una exhaustiva investigación de la masacre y llamó a rendir testimonio a decenas de protagonistas. Finalmente, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado a 30 años por la desaparición forzada de dos personas...