La jornada, 13 de junio de 2006
Ha pasado más de un mes y una semana de la incursión policiaca en Atenco. Dos jóvenes fueron asesinados por las fuerzas del orden. Más de 200 personas, entre los que hay nueve menores, fueron detenidas sin orden de aprehensión, salvajemente golpeadas y torturadas. La mayoría de las 47 mujeres presas sufrieron agresiones y abusos sexuales. Cinco extranjeros fueron ilegalmente expulsados del país después de ser maltratados.
El 4 de mayo de 2006 es una fecha para recordar. Ocupa ya un lugar en el vergonzoso calendario de la impunidad gubernamental, al lado del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y del 22 de septiembre de 1997. Es muestra de que, a pesar de los años transcurridos desde la guerra sucia, la cara más represiva y autoritaria del gobierno mexicano permanece intacta.
Nadie ha sido castigado por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el operativo de Atenco. Por el contrario, los jefes policiacos responsables se presentan como los nuevos héroes del estado de derecho. La mayoría de los grandes medios electrónicos guardan silencio ante las atrocidades cometidas. Los partidos políticos se han desentendido del asunto. Todos apuestan al olvido.
La barbaridad sólo parece interesar fuera de México. Miles de personas se han movilizado en casi 30 países para denunciarla. El 11 de marzo Amnistía Internacional emitió una acción urgente exigiendo el esclarecimiento de los hechos. El 11 de mayo Human Rights Watch condenó el uso excesivo de fuerza. Naciones Unidas ha hecho varias advertencias. La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), integrada por 28 personas de siete países, se trasladó a México entre el 29 de mayo y el 4 de junio y elaboró un documentado informe sobre las atrocidades cometidas.
Se trató de una revancha anunciada. Cuando en marzo de 2003, el relator especial de Naciones Unidas, Miloon Khotari, conoció la situación que se vivía en San Salvador Atenco, recomendó al gobierno mexicano garantizar "que no haya repercusiones ni medidas punitivas contra los activistas y defensores de vivienda. El relator especial sigue preocupado por las acusaciones formuladas contra los activistas principales, que se han convertido en un obstáculo para el mantenimiento del diálogo y la reconciliación". Lamentablemente Khotari acertó en su advertencia...