La Jornada, 22 de marzo de 2016
La maestra Érika Elizabeth Núñez Montes ha hecho de la banqueta un aula de emergencia. Cada día, en la calle Nicolás García 60, Iztapalapa, frente a la escuela Nicolás García, en la que enseñó durante más de 10 años, imparte clases de quinto año de primaria.
El precario salón de clases de la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza funciona en el turno vespertino desde que el pasado 7 de marzo un grupo de funcionarios irrumpió en la escuela para notificarle a la maestra Núñez que, a partir del 1º de marzo, estaba despedida.
A la profesora Érika la cesaron en su trabajo a pesar de que era querida y respetada por sus alumnos y sus padres de familia, y de que no había faltado a clases. Durante años, su labor frente a grupo ha sido intachable. Desempeñó siempre su función con responsabilidad y compromiso. Sin embargo, fue cesada por negarse a presentar un examen al desempeño docente, mal hecho y peor aplicado, que no consideró ni su plan de trabajo ni las condiciones en que tuvo que enseñar a los niños.
La escuela en que la maestra Núñez Montes educa está enclavada en una zona de la ciudad de México particularmente violenta. Apenas el pasado 19 de octubre, no muy lejos de sus instalaciones, apareció colgado el cuerpo de un hombre. Los alumnos que asisten a ella provienen de familias en su mayoría humildes. No son pocos los que han crecido en hogares rotos. La profesora, con 13 años de servicio (10 de ellos en la Nicolás García), sabe cómo enfrentar estos desafíos, que ningún examen para medir conocimientos puede evaluar.
Al enterarse del despido de la maestra, los padres de familia se indignaron y exigieron a las autoridades escolares que fuera reinstalada. Y cuando éstas se negaron a devolverle su trabajo, apoyaron que siguiera dando clases, aunque fuera en la calle. Están dispuestos a salir a marchar para que ella regrese. Mejor que nadie, ellos saben lo que Érika ha hecho por sus hijos. Viven su cese como una arbitrariedad, como una enorme injusticia.
Érika Elizabeth Núñez Montes es una de los 3 mil 360 docentes despedidos en el país por no presentar la prueba al desempeño. Al igual que en su caso, en muchos lugares del país los padres de familia se han solidarizado con ellos. La lista es larga: Durango, Tlaxcala, Sinaloa, Campeche, Jalisco, Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, Guerrero y un largo etcétera. Han solicitado pacíficamente a los funcionarios educativos la reinstalación de sus profesores y, cuando no les ha hecho caso, han ocupado escuelas, marchado y tomado oficinas públicas. Como en Iztapalapa, han levantado aulas de emergencia.
Las formas de lucha varían de estado a estado. En Campeche, los maestros y maestras cesados asisten a sus planteles y cumplen su horario, aunque no puedan ingresar a los salones de clase. Los padres de familia firman la lista de asistencia de los docentes, para dar fe de su presencia en las escuelas. El profesor Uk Tuz explicó a este diario: Hoy me presenté como de costumbre todas las mañanas; nuevamente intenté ingresar al plantel, pero estaba la directora, que me dijo que seguían en pie las acusaciones de la secretaría y, para dar fe de que acudí a mi labor, recabé las firmas de los padres de familia que me estuvieron apoyando y me retiraré a la una de tarde, para que no digan que abandono mis labores...