La Jornada, 08 de septiembre de 2015
El relato oficial sobre la tragedia de Iguala quedó reducido a cenizas. La verdad histórica del ex procurador Jesús Murillo Karam fue devorada por el fuego de las evidencias. El informe del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demolió desde sus cimientos la versión gubernamental de los hechos. Como dijo una madre de familia: Sabíamos que era mentira.
Según el informe del GIEI, los ataques a los normalistas rurales de Ayotzinapa en Iguala, el 26 de septiembre pasado, buscaron impedir que los tres autobuses tomados por los jóvenes en Iguala y los dos en los que habían llegado salieran de la ciudad. También castigar a los muchachos.
Es falso que –como dijo Murillo Karam– los estudiantes pretendieran sabotear el acto de María de los Ángeles Pineda como presidenta del DIF de Iguala. Cuando ellos llegaron a la ciudad el evento tenía una hora de haber terminado.
La agresión contra los alumnos fue masiva, escalonada e indiscriminada. Se desarrolló en nueve distintos lugares y en diferentes momentos (durante tres horas), bajo una dirección y coordinación.
La magnitud y sofisticación de los ataques requirieron de niveles complejos de comunicación, infraestructura y coordinación que ni remotamente corresponden a los que posee el grupo de Guerreros unidos en la zona. No hay en Iguala antecedentes de un operativo de esta magnitud ni en los asesinatos, ni en las desapariciones, ni en el ocultamiento de restos humanos en fosas. Alguien más, con más recursos, conocimiento y capacidad de actuar en el terreno, tuvo que hacerse cargo deesa tarea.
El operativo contra los normalistas tuvo dos etapas distintas: las dos caras de una misma moneda. En la primera, la del ataque a los autobuses y a quienes participaban en la conferencia de prensa para denunciar los ataques iniciales, los agresores no ocultaron su identidad y no les importó actuar ante testigos. En la segunda, la de la desaparición forzada de los jóvenes, los perpetradores buscaron ocultar y borrar las huellas del crimen y su identidad. La decisión de desaparecer a los estudiantes tuvo continuidad con la violencia desatada contra ellos desde el inicio. Ambas fueron parte de una misma operación.
Según los especialistas de la CIDH, un peritaje calificado e independiente mostró, fehacientemente, que es insostenible la versión gubernamental de que los 43 normalistas fueron asesinados por un grupo de sicarios y sus restos incinerados en un basurero del municipio de Cocula. Así, el corazón del relato gubernamental naufragó estrepitosamente...