La jornada, 21 de mayo de 2002
Fue el parto de los montes. El proyecto estrella de Vicente Fox para el campo nació disminuido. Los recursos que llegarán al agro serán mucho menores de lo ofrecido. Los verdaderos ganadores no serán los campesinos, sino la banca privada y los vendedores de maquinaria agrícola e insumos.
El jefe del Ejecutivo, el secretario de Agricultura y Juan Antonio Fernández Ortiz, director del Procampo y antiguo presidente de Amigos de Fox, afirmaron reiteradamente que su propuesta de adelantar a los productores rurales los recursos de Procampo y permitir su utilización como garantía para contratar más crédito era la gran opción para capitalizar y hacer despegar al campo. Según Fernández Ortiz, con esta medida "en 2002 entrarían al campo, de golpe y porrazo", casi 100 mil millones de pesos.
Distintas organizaciones y analistas vieron en la iniciativa una desnaturalización del Procampo y una especie de jubilación rápida de productores excedentarios; otros, en cambio, pensaron que podía ser una salida viable después de muchos años de ausencia de financiamiento estructural en el sector.
El Procampo consiste en un pago directo de 873 pesos por hectárea a los agricultores para compensar sus pérdidas ante la sustitución de un sistema de precios de garantía agrícola por uno de precios de mercado y de apertura comercial. En total reciben este subsidio alrededor de 3 millones de productores, que siembran cerca de 15 millones de hectáreas. Es el programa más importante del sector rural, con una erogación aproximada de 12 mil 500 millones de pesos anuales.
La iniciativa de la nueva administración se formalizó el pasado 31 de diciembre con algunos cambios y la aprobación de la Ley de Capitalización de Procampo. Sin embargo, de acuerdo con las reglas de operación que el pasado 18 de mayo presentó el secretario Usabiaga al Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, la ejecución del programa está muy lejos de corresponder a la oferta inicial, ya que se reduce a una vía de operación de crédito utilizando el FIRA como garantía.
Resulta que no habrá recursos adicionales para el campo. El crédito del BID, destinado a financiar el programa, no llegará, pues la ley específica, que debería autorizar el pago anticipado de recursos, se retrasó. No obstante que de acuerdo con la ley se debe eximir del pago de intereses a productores de cinco o menos hectáreas, los beneficiarios tendrán que pagarlos. Por si fuera poco, la operación no se llevará a cabo a través de la banca de fomento y desarrollo, sino mediante la banca privada. Un negocio redondo y prácticamente sin riesgos...