La Jornada, 26 de marzo de 2013
Por los caminos del sur la cosa está que arde. Maestros, normalistas, campesinos e indígenas protagonizan en Guerrero un nuevo ciclo de protestas cívicas y gremiales que guardan bastantes elementos en común con los levantamientos de otras épocas. La oposición a la reforma educativa, la lucha contra la inseguridad pública, la demanda de plazas para trabajar y la resistencia a los grandes proyectos mineros y a la construcción de una presa se han imbricado y alimentado unas a otras.
Miles de maestros democráticos han puesto de cabeza el estado. Desde el 25 de febrero se fueron al paro indefinido en rechazo a la reforma educativa. En el camino acamparon en plazas públicas de toda la entidad, bloquearon la Autopista del Sol, organizaron durante 23 días un plantón frente al Congreso local y oficinas públicas del estado e impidieron la entrada a centros comerciales y bancos.
Las movilizaciones han ocasionado caos vial en plena temporada vacacional. Coinciden en el tiempo con un levantamiento de pueblos indígenas y comunidades campesinas en contra de la inseguridad pública, que extendió la red de policías comunitarias previamente existente, propició la aparición de grupos de autodefensa armada y la detención de delincuentes por parte de ciudadanos.
La lucha de los profesores está encabezada por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), que se fundó en 1989 al calor del movimiento magisterial democrático nacional de ese año. Fue la culminación de muchos esfuerzos de los maestros democráticos de la entidad para alcanzar la unidad en la lucha contra los dirigentes espurios.
La Ceteg considera que la reforma educativa es una norma antidemocrática, autoritaria y retrógrada, que pretende restringir y cancelar derechos de los trabajadores de la educación y dar marcha atrás a las conquistas sociales plasmadas en la Constitución de 1917.
Sostiene que le abre aún más las puertas a la privatización de la educación pública. Aún más porque, paulatinamente, el gobierno federal se ha ido desentendiendo de su obligación constitucional de brindar educación gratuita. Ha trasladado su responsabilidad de educar a los padres de familia, quienes deben pagar los gastos del funcionamiento de las escuelas, así como de su reparación, equipamiento, mobiliario y material didáctico. Con la reforma, en nombre de la autonomía de gestión, se legalizan las cuotas en las escuelas...