La Jornada, 15 de septiembre de 2020
El terror regresó a Tila, Chiapas, de la mano del resurgimiento del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia. Uno tras otro, se suceden ataques armados, asesinatos, cercos y todo tipo de agresiones contra los 836 ejidatarios que recuperaron sus derechos territoriales.
Entre 1995 y 2000, Paz y Justicia asesinó en la zona norte de Chiapas a más de 100 indígenas choles, expulsó de sus comunidades al menos a 2 mil campesinos y sus familias, cerró 45 templos católicos, atentó contra los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, hurtó más de 3 mil cabezas de ganado y violó a 30 mujeres. Equipados con armas de alto poder, los paramilitares controlaron caminos, administraron recursos públicos y ocuparon curules.
El grupo civil armado contaba con el apoyo del general Mario Renán Castillo, jefe de la séptima Región Militar. El vocero castrense confesaba –según escribió Jesús Ramírez Cuevas– que esa organización es un orgullo del general (https://bit.ly/3mik0gy)
Días antes de que el militar dejara el cargo, fue despedido por los líderes de Paz y Justicia, con palabras de agradecimiento cómplice. Nunca lo olvidaremos, señor. Todo lo que usted hizo por nosotros, obliga a la gratitud, le dijeron.
Paz y Justicia fue actor central en la guerra de baja intensidad que el gobierno de Ernesto Zedillo orquestó contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Buscó controlar territorialmente el estratégico corredor que comunica las Cañadas chiapanecas con Tabasco y descarrilar, por medio de la violencia, el proceso autonómico chol.
El 2 de julio de 1997, el gobierno chiapaneco acordó entregar a Desarrollo, Paz y Justicia 4 millones 600 mil pesos, para impulsar proyectos agroecológicos y productivos. El documento fue firmado por los jefes paramilitares, el entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro y Uriel Jarquín, subsecretario de Gobierno del estado. El general Mario Renán Castillo lo signó como testigo de honor (Masiosare, 21/12/1997).
Más allá de sus vínculos militares, la iniciativa para formar Paz y Justicia provino de las asociaciones ganaderas de Salto de Agua. Se fundó en marzo de 1995. Sus operadores políticos fueron dirigentes priístas de Tila. Según un informe del CDHFBC (https://bit.ly/3mhvTn9), Salto de Agua, Palenque y Playas de Catazajá son, en la Zona Norte de Chiapas, los municipios en los que mayores propiedades privadas existen y en los que ejidos y comunidades agrarias representan el menor porcentaje de la propiedad de la tierra.
Su principal jefe, hoy preso pero antes diputado del PRI, Samuel Sánchez Sánchez, explicó que la creación de Paz y Justicia obedeció a la radicalización en la orientación de los simpatizantes de zapatistas y perredistas en los ejidos y comunidades (de Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá)...