La Jornada, 19 de enero de 2016
No cesa. La campaña de calumnias contra los expertos independientes que participan en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa no amaina. Ahora los ataques se han centrado en la abogada Claudia Paz y Paz.
Los enemigos mexicanos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pactaron con la fundación de ultraderecha guatemalteca Liga Pro Patria un matrimonio por conveniencia. Su objetivo es difamar a Claudia Paz y Paz y golpear a los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El rabioso anticomunista Steve Hetch, presidente de la liga, lo declaró sin ambigüedad alguna: Si México quiere saber la verdad de lo que pasó con los normalistas, debe cortar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esta comisión, con el simple hecho de contratar a Paz, quiere decir que no la investigaron (http://goo.gl/9t1bBL).
Entre las causas que enarbola la Liga Pro Patria ocupa un lugar destacado la defensa del ex dictador de Guatemala general José Efraín Ríos Montt, juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra más de mil 700 indígenas ixiles, asesinados por el ejército durante su mandato. Aunque formalmente dice estar en favor del estado de derecho, la liga se opone a que se juzguen las atrocidades perpetradas por los militares durante la guerra civil que vivió aquel país, entre 1960 y 1996.
En el juicio seguido a Ríos Montt en 2013, el ex dictador fue encontrado culpable. Recibió una condena de 80 años de cárcel. Diez días después, en una controvertida decisión, la Corte Constitucional de Guatemala anuló la sentencia por defectos de forma en el proceso y ordenó un nuevo juicio. Apenas el pasado 11 de enero la misma Corte pospuso de nuevo el juicio hasta que se resuelvan cuatro amparos presentados.
A pesar de que se dio marcha atrás en el fallo, el juicio contra Ríos Montt no tiene precedente. Constituye la primera ocasión en que un ex jefe de Estado es juzgado por genocidio en una corte nacional y no en una internacional.
Claudia Paz y Paz desempeñó un papel central en esa causa: era la fiscal general en el momento del juicio. Nacida en 1966, especializada en derecho penal y derechos humanos, la abogada proviene no de los círculos conservadores que tradicionalmente han nutrido el sistema judicial en Guatemala, sino del mundo de los derechos humanos.
Su trayectoria previa al nombramiento de fiscal era impecable. Tenía larga experiencia en la investigación de crímenes y atrocidades de guerra. Fue asesora legal en derechos humanos del arzobispo de Guatemala, consultora de la misión de Naciones Unidas en ese país, investigadora en la Comisión para la Clarificación Histórica de Guatemala, así como directora legal para asuntos de refugiados para el Alto Comisionado de la ONU...