La Jornada, 19 de febrero de 2013
A Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero, le gusta presentarse como un empresario y activista social que lucha por elevar el nivel educativo de los mexicanos. Su lema es ¡más educación, menos política!; sin embargo, su actividad central es la política.
No es esa su única contradicción. Se asume como representante de la sociedad civil, pero aboga en favor del mundo empresarial. Pontifica desde el púlpito de una supuesta superioridad moral ciudadana sobre políticos, maestros y sindicalistas, pero impulsa una agenda claramente patronal. Presume ser garante de lo público, pero invariablemente defiende intereses privados.
El empresario asegura que ninguna reforma es más importante como la reforma estructural educativa que requiere imperiosamente México. Pero, en nombre de ella, se dedica a hacer grilla en favor de intereses ajenos a la enseñanza.
Su caso es emblemático de cómo hacer de la filantropía un buen negocio y de la educación una plataforma política. Un solo ejemplo: en julio de 2004, el diputado Omar Ortega Álvarez denunció en tribuna la donación irregular de 44.7 millones de pesos que la Lotería Nacional hizo a la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete), una de las organizaciones que González Guajardo preside.
El 10 de septiembre de 2012, el presidente de Mexicanos Primero demandó a Enrique Peña Nieto realizar cuatro cambios en el terreno de la enseñanza.
El primero consiste en recuperar la rectoría de la educación por parte del Estado. “Con el arreglo político-corporativo actual –expresó–, no es posible abordar las transformaciones necesarias.” Para lograrlo sugirió establecer la condición de empleados de confianza a directores y supervisores. Si no se recuperan las plazas, no se recupera la plaza, dijo.
La segunda condición que exigió fue la profesionalización docente, con base en que todas las plazas, y no únicamente las de nueva creación, se concursen; asimismo, pidió instaurar la obligatoriedad legal de la evaluación universal de maestros y desprender de ella consecuencias en la permanencia en el empleo.
El tercer requisito fue dotar de mayor autonomía a las escuelas y mucha mayor participación de los padres. Finalmente, pidió que en el siguiente Presupuesto de Egresos no se contemplen recursos para cubrir las plazas sindicales.
Escasos tres meses después, el Presidente propuso al Congreso una contrarreforma educativa en la que incorporó muchos de los requerimientos hechos por el empresario...