La Jornada, 29 de enero de 2008
El largo y sinuoso conflicto armado entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tiene hoy en el intercambio de rehenes por prisioneros uno de sus candentes terrenos de batalla políticos.
La reciente entrega al presidente Hugo Chávez de la ex congresista Consuelo González y de la ex candidata a la vicepresidencia Clara Rojas, por parte de las FARC, es un episodio más de una cruenta guerra que dura ya casi 45 años. Las iniciativas de “intercambios humanitarios” en Colombia no son nuevas. Tienen tras de sí una larga historia. En 1997 y 2002, durante los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, se efectuaron exitosos canjes de presos entre la guerrilla y el gobierno.
El anterior intento de intercambiar rehenes y presos, efectuado en octubre de 2006, fue descarrilado por el gobierno de Álvaro Uribe, quien suspendió todo contacto con las FARC, a raíz del ataque de un carro bomba a la Escuela Superior de Guerra en Bogotá, del que culpó a la guerrilla. No obstante, el general Mario Montoya, jefe del Ejército, tuvo que reconocer que el atentado fue obra de soldados que se hicieron pasar por guerrilleros.
¿Abrirá la puerta esta entrega unilateral de dos rehenes por parte de las FARC a un intercambio más amplio de prisioneros? ¿Se estarán sentando las bases para solucionar la guerra en Colombia a través de medios políticos?
A pesar de la creciente presión que existe dentro y fuera de Colombia para canjear rehenes, y del estancamiento del conflicto militar, la iniciativa difícilmente caminará a corto plazo. La administración de Uribe se niega a aceptar las condiciones fijadas por la guerrilla para hacerlo, pero no tiene fuerza suficiente para obligar a los guerrilleros a entregar sus prisioneros ni forma de rescatarlos.
La entrega de las dos rehenes a Hugo Chávez fue un duro golpe para Álvaro Uribe. Severamente cuestionada dentro del Congreso de Estados Unidos (véase: “La agonía de Álvaro Uribe”, Cynthia J. Arnson, Foreign Affaires), la administración colombiana tuvo que encajar, además, la iniciativa del mandatario venezolano de considerar fuerzas beligerantes a las guerrillas colombianas y de retirarles la etiqueta de terroristas. Las FARC ganaron presencia política.
El descalabro de Uribe ha querido ser subsanado con una peligrosa jugada política. El presidente ordenó a las fuerzas armadas “avanzar y cercar” las zonas donde la guerrilla mantiene rehenes, para presionar su liberación. La medida pone en riesgo la vida de los detenidos políticos de las FARC...