La Jornada, 07 de abril de 2020
La crisis del coronavirus ha visibilizado el papel que el saqueo desempeña en la reproducción del capitalismo actual. Como si fueran modernos bucaneros, los gobiernos de países poderosos como Estados Unidos o Francia se han dedicado a confiscar, sin recato alguno, pruebas médicas, respiradores y mascarillas que otras naciones han adquirido para combatir la pandemia.
Si en otras épocas los corsarios sirvieron para controlar los mares y las rutas comerciales, ahora, no conformes con el pillaje, los nuevos filibusteros impiden la exportación a otras latitudes de medicamentos y equipos sanitarios, y realizan compras masivas por las que pagan precios tres o cuatro veces por arriba de su valor.
No se trata tan sólo de la gran cantidad de empresarios inescrupulosos o avorazados que utilizan la tragedia para hacer grandes negocios. Tampoco de vivales que venden productos en mal estado, falsificados o caducos o que defraudan a compradores. Aunque todos se han multiplicado como hongos en temporada de lluvias, el asunto va más allá. Se trata de gobiernos imperiales que saquean bienes claves para combatir la enfermedad, o que, defendiendo teóricamente el libre comercio, cierran sus fronteras.
No hay en esta relación entre despojo, nuevos corsarios y capitalismo nada sorprendente. Este modo de producción –explica el antropólogo e historiador Antonio García de León– fue un sistema hecho por piratas y mantenido por piratas. “Piratas en inglés se dice privateers, que es casi como decir privados o iniciativa privada. Fueron incluso parte de la iniciativa privada de la época. Así que la iniciativa privada actual tiene entre sus antepasados más gloriosos a los piratas.”
El material sanitario y de protección disponible en el mercado mundial para hacer frente al Covid-19 es insuficiente y los gobiernos imperiales no dudan en disponer de él de cualquier manera. Todo les está permitido en la guerra de los cubrebocas.
Las acciones de rapiña imperial se suceden vertiginosamente. El nuevo bucanero Emmanuel Macron, presidente de Francia, anunció: Estamos en guerra y emitió un decreto que autoriza confiscar todo material de protección que esté en su país. De manera que, el 5 de marzo, un cargamento de 4 millones de tapabocas de la empresa sueca Mölnlycke, con destino final a España e Italia, que había ingresado al puerto de Marsella y tenía como destino su centro logístico en Lyon, fue incautado. Finalmente, dos semanas más tarde, después de múltiples presiones diplomáticas, el gobierno galo se quedó con 2 millones de mascarillas y aceptó que salieran otras tantas...