La Jornada, 04 de junio de 2019
El cuerpo sin vida de Ignacio Pérez Girón apareció a un lado de la carretera libre Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal. Tenía signos de tortura. Dos días antes, el 4 de mayo de este año, su familia había reportado su desaparición.
Pérez Girón era síndico del municipio indígena de Aldama, en los Altos de Chiapas. Tenía 45 años de edad. Meses atrás, en enero de 2019, había denunciado el ataque armado a la comunidad por parte de paramilitares.
Desde febrero de 2018, los pobladores de Aldama viven una auténtica crisis humanitaria. Varias comunidades del municipio son víctimas constantes de ataques con armas de fuego por parte de grupos paramilitares. Han sido asesinadas 25 personas y herido varias decenas. Además, más de 2 mil han sido desplazadas violentamente de sus casas y pueblos. Quienes salen a trabajar a sus predios corren el peligro de ser asesinados. Los agresores provienen de los poblados de Santa Martha y Saklum, en el vecino municipio de Chenalhó.
En cinco diferentes ocasiones, Pérez Girón había solicitado al gobierno estatal instalar mesas de diálogo para desactivar el conflicto. Antes del asesinato, el periodista de Rompeviento Tv Ernesto Ledesma le preguntó en tres ocasiones al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las agresiones en esta región. Después del crimen de Pérez Girón, lo volvió a hacer. Desde el lugar de los hechos, elaboró cuatro reportajes con múltiples testimonios de primera mano (https://bit.ly/2wesaOn). Ni la presencia policiaca ni la militar han detenido los ataques. Quienes portan armas de fuego de uso exclusivo del Ejército se mueven a sus anchas libremente.
Este problema viene desde 1977. Surgió porque el gobierno entregó a Santa Martha 60 hectáreas propiedad de Aldama. Según la junta de buen gobierno del caracol de Oventik, los tres niveles de gobierno pasados y presentes son responsables de la división, enfrentamiento, miedo y rompimiento de la vida comunitaria. Porque, aparentaron acuerdos que no se cumplieron metiéndole más leña al fuego, para dividir a las comunidades.
La violencia en Aldama y en Chalchihuitán es consecuencia de la liberación de los asesinos materiales de Acteal. El 22 de diciembre de 1997, en Acteal, Chenalhó, fueron salvajemente ejecutados por paramilitares 45 hombres, mujeres y niños que oraban por la paz en una ermita (https://bit.ly/2ELb9A8). A pesar de que fueron plenamente identificados por los deudos de las víctimas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó a los homicidas a partir de 2009,argumentando que no se había seguido el debido proceso. Los criminales nunca entregaron las armas con las que perpetraron la masacre...