La Jornada, 31de julio de 2001
En el campo mexicano, el pasado alcanzó al futuro. A Vicente Fox, el presidente que presume ser hombre de origen y vocación rural, el empresario agroexportador que llegó a ser jefe del Ejecutivo, y a Javier Usabiaga, el secretario de Estado que ha hecho fama y fortuna de explotar a la tierra y a sus hombres, les reventó su segunda gran crisis social en menos de un año de gobierno, precisamente en el campo.
Se trata de una crisis compleja en la que confluyen viejos problemas del mundo rural con medidas del nuevo gobierno que los agravan: protestas campesinas legítimas y defensa de los intereses espurios de los líderes de organizaciones tradicionales; movilizaciones de resistencia desde ejidos y comunidades con la pretensión de los gobernadores del PRI de medir fuerzas con la administración de Fox.
Cuando menos desde el sexenio de Miguel de la Madrid los gobiernos priístas impulsaron un conjunto de políticas con un fuerte sesgo antiagrícola. Desde 1982 la inversión pública destinada al campo disminuyó de manera sostenida. Se privilegió la importación de alimentos por sobre el estímulo a la producción nacional. Se abrieron las fronteras indiscriminadamente sin gradualidad, sin reconversión productiva, y casi sin compensaciones. Se concentraron los recursos en el apoyo a los grandes agricultores de exportación. Se intentó meter al mercado las tierras que se encuentran en manos del sector social. Se buscó, deliberadamente, drenar la población rural e impulsar una agricultura sin campesinos.
El resultado de estas políticas fue una caída generalizada en la rentabilidad del sector agropecuario, la disminución del ingreso campesino, el incremento de la pobreza rural y el aumento de la migración. Ante la disyuntiva de optar entre las ventajas comparativas y la soberanía alimentaria, el país se quedó sin las dos.
En lugar de modificar esta orientación, el gobierno de Vicente Fox la ratificó y profundizó. Una de las primeras medidas que tomó fue vetar la Ley de Desarrollo Rural, aprobada por la pasada Legislatura. Puso al frente del sector, en un claro ejemplo de conflicto de intereses, a un amigo dedicado a la producción y exportación de ajo y brócoli, y al directivo de una fundación privada que en su empeño por promover el desarrollo rural ha cosechado una larga lista de fracasos.
Al frente de la política agropecuaria se encuentran hoy los enemigos históricos de los campesinos; los adversarios de ejidos y comunidades. Durante décadas les han disputado la tierra, el territorio, los recursos naturales y los beneficios de las políticas públicas. Su pretensión de convertirlos -al margen de su opinión, deseo o viabilidad- en "empresarios" tiene un fin: desaparecerlos...