La Jornada, 04 de septiembre de 2001
El fantasma de Henry D. Thoreau pasea orgulloso por las regiones indígenas de México. En todos los rincones su ejemplo ha cundido. Los pueblos originarios han desconocido la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas, recientemente aprobada por el Congreso, y han anunciado su determinación de no cumplirla.
Hace más de 150 años Thoreau rechazó pagar impuestos al gobierno de Estados Unidos porque eran utilizados para financiar una guerra injusta contra México. "La única obligación que tengo el derecho de asumir es la de hacer a cada momento lo que considero justo", afirmó.
Redactados con un lenguaje y una tradición que recuerda lo mismo las enseñanzas del autor de la Desobediencia civil que las rebeliones indígenas del siglo XIX, pero apoyados en el artículo 39 de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y los acuerdos de San Andrés, ocho comunidades indígenas del Distrito Federal y del estado de México decretaron la Declaratoria de bienes comunales y autonomía, mientras ocho comunidades de Michoacán promulgaron el Decreto del pueblo purépecha.
Ambos documentos -avalados por sus comisariados ejidales y comunales, así como por las autoridades tradicionales- son acciones colectivas, públicas y no violentas de desobediencia a la reforma indígena. Buscan demostrar la naturaleza ilegítima de la ley aprobada en contra de sus opiniones y necesidades; hacer evidente que el legislador no respetó su deber de producir leyes justas, y que gobierna sabiamente.
Si la observancia de la obligación política es la condición y la prueba de la legitimidad del ordenamiento, la transgresión indígena a las leyes en curso muestra la absoluta falta de legitimidad de los cambios constitucionales recientemente aprobados.
Más aún, la Declaratoria de bienes comunales y autonomía y el Decreto del pueblo purépecha son, sobre todas las cosas, expresión práctica del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Si el Congreso de la Unión acordó poner todo tipo de candados legales al reconocimiento de la autonomía, los indios han decidido seguirla construyendo en los hechos desde sus territorios promulgando normas y viviendo su identidad y cultura sin pedir permiso a nadie.
Paralelamente a esta recuperación de la soberanía popular, en un hecho sin precedente por su magnitud, centenares de ayuntamientos, comunidades indígenas y Congresos estatales han interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y jueces de distrito demandas de controversia constitucional y amparos en contra de la reforma constitucional. El Poder Judicial ha sido emplazado a tomar una posición sobre un asunto en el que, muy probablemente, muchos de sus integrantes preferirían no estar inmiscuidos...