La jornada, 12 de octubre de 2004
En agosto de 2003 miles de maestros guerrerenses no pudieron cobrar su quincena. Los bancos rebotaron, por falta de fondos, los cheques de diez por ciento de los mentores. La Secretaría de Educación Pública de la entidad se declaró en quiebra financiera. Tenía un déficit presupuestal de mil 790 millones de pesos.
El gobierno del estado declaró el 19 de septiembre un plan de austeridad y racionalidad. Aunque unas 7 mil 500 escuelas sufrían ya la carencia de recursos para mobiliario, mantenimiento e impermeabilización, fueron víctimas de nuevos sufrimientos. Para ahorrar energía comenzó a apagarse la luz de las aulas a las 3:30 de la tarde. Cerca de 6 mil 500 plazas asignadas se quedaron sin techo presupuestal de la Federación. La contratación de nuevos maestros se canceló. La relación laboral con el magisterio prácticamente se suspendió.
La descentralización educativa en Guerrero es un fracaso. Lo mismo sucede en otras entidades de la República. El abandono financiero de la Federación hacia los estados ha provocado un déficit presupuestal en las secretarías de educación de muchos de ellos. En Chiapas el déficit en octubre del año pasado era de más de mil millones de pesos, y en Michoacán, de 981 millones.
Alrededor de 87 por ciento de los planteles del país destinados a la educación pública primaria no tienen apoyo material o financiero suficiente, y deben ser sostenidos por cooperaciones de los padres de familia. Por todo el territorio nacional florecen el contratismo, la congelación de plazas, el retiro voluntario, el pago con tarjeta de débito, la retención de salarios, los ceses injustificados, la polivalencia en las llamadas escuelas de tiempo completo y la precarización del trabajo docente.
Hace 12 años se acordó la descentralización educativa. Para evitar el rechazo del magisterio que se había opuesto a la iniciativa desde 1979 se recurrió al gatopardismo lingüístico: se le bautizó como Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMED).
La descentralización educativa fue una de las obsesiones centrales de las políticas educativas durante casi tres sexenios. La presión de los organismos financieros multilaterales no fue ajena a este deseo. El diagnóstico oficial asoció el bajo nivel educativo con un sistema centralizado de impartición de la instrucción pública, hasta el punto de equiparar automáticamente transferencia de facultades, competencias y recursos con mejoramiento pedagógico.
La fortaleza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la práctica de un sindicalismo viciado permitió al organismo gremial ocupar espacios educativos, contar con un verdadero ejército de aviadores a cuenta de la nómina oficial y masificar la corrupción, entorpeciendo y desvirtuando la misión del magisterio. La federalización fue vista por los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como un instrumento para librarse de esos lastres...