La jornada, 20 de julio de 2004
El 31 de enero de 2003 cerca de 100 mil campesinos marcharon en la ciudad de México. Exigían la renegociación de la cláusula agropecuaria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y una nueva política para el campo. Precedida de múltiples protestas, fue la movilización rural más numerosa en la historia reciente de México.
Sin embargo, el saldo de esa jornada de lucha, a 18 meses, está escrito en números rojos. No sólo se perdió en la mesa de negociaciones lo que se había ganado en las calles, sino que lo firmado sigue sin conseguirse y la unidad alcanzada se rompió.
El Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) firmado por la mayoría de las organizaciones campesinas el 28 de abril de 2003 (y rechazado por otras más por considerar que no satisfacían sus demandas centrales) sigue sin cumplirse en sus aspectos sustantivos. Y, por si fuera poco, la principal convergencia de agrupaciones rurales que impulsó la protesta, el Movimiento el campo no aguanta más (MCNAM), se disolvió el pasado 7 de julio.
El MCNAM se deshizo no por diferencias programáticas, sino por cuestiones organizativas. Según Carlos Ramos, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), "la ruptura se debió a que había integrantes que deseaban institucionalizar la alianza frente a los que pugnaban por que se quedara como organismo social descentralizado que continuara con el trabajo en las regiones, lugares en los que se encuentran los problemas del campo". (La Jornada Michoacán, 10 de julio de 2004.)
Efectivamente, dos posiciones irreconciliables se expresaron al seno del MCNAM. En un lado se encontraban las centrales y coordinadoras campesinas que veían al frente como convergencia descentralizada, formada por integrantes que simultáneamente podían tener afiliaciones institucionales distintas, dedicada a promover el cambio en el rumbo de las políticas públicas para el campo. Del otro, los despachos de servicios rurales y las coordinadoras de pequeños productores, que buscaban que el movimiento tuviera una estructura centralizada, con una figura que le diera personalidad jurídica, rechazaban la doble membresía y con capacidad de gestión frente al gobierno.
Impedir la doble militancia de sus integrantes habría implicado que, organizaciones tan importantes como la CIOAC o la CCC (que recién acaba de movilizar 2 mil campesinos a la ciudad de México para exigir su incorporación al padrón alterno del Procampo), tuvieran que optar entre pertenecer al Congreso Agrario Permanente (CAP), en el que han militado desde su fundación en 1989 o integrarse al MCNAM. La propuesta, formulada por los despachos de servicios y las organizaciones de productores, no deja de ser una ironía, puesto que muchos de sus integrantes participan simultáneamente en organizaciones como UNORCA, CIOAC y la CNC...