La Jornada, 18 de diciembre de 2001
La imagen no deja lugar a dudas. Los ejidatarios de San Salvador Atenco le han quitado a Vicente Fox los símbolos más vistosos de su campaña electoral. Los caballos, las botas vaqueras, los machetes y el estandarte de la Virgen de Guadalupe son hoy el sello de sus manifestaciones, su certificado de origen.
La disputa está lejos de ser sólo simbólica. Lo que está en juego es el territorio de los pueblos, su patrimonio. Los ejidatarios no están presionando para que se les incremente el precio de la indemnización de sus tierras. Están luchando por su sobrevivencia y, de paso, por su dignidad.
Pero la movilización de los pobladores de San Salvador Atenco contra la expropiación de sus tierras para construir un nuevo aeropuerto no es un hecho aislado. Se trata, sí, del eslabón más visible y vistoso de la resistencia popular a la urbanización y construcción de infraestructura a costa de sus territorios y recursos naturales, pero está lejos de ser el único combate que se libra.
Generosos como son, entre mayo y septiembre de 1999, el gobierno del estado de México y un grupo de particulares ofrecieron a los pobladores de La Marquesa una serie de cursos de hotelería y gastronomía, probablemente para que sus famosas quesadillas salieran del comal en forma de animalitos.
Al poco tiempo los pobladores averiguaron el origen de tan desinteresada oferta de capacitación laboral: 380 familias enfrentan la amenaza de expropiación de sus tierras por parte de un conglomerado turístico de 57 empresas (entre las que se encuentra Tribasa, Bayer y Nestlé) que quiere convertir la zona en un complejo de grandes hoteles, centros recreativos y comerciales, similares a los que se encuentran en Santa Fe. Les ofrecen el pago de un peso 70 centavos por metro cuadrado.
Su recelo no es gratuito. Los ejidatarios de La Marquesa han sufrido otras expropiaciones en el pasado. A la comunidad de Acazulco la sacaron de su territorio para ampliar la carretera México-Toluca, pero nunca le pagaron por completo la indemnización que le correspondía. El gobierno federal expropió, también, tierras para beneficio de la CFE, Pemex, el Instituto de Investigaciones Nucleares y la ampliación de carreteras. Según los afectados, a cambio de estas propiedades se les dio un centro de artesanía que nunca pudo ser utilizado, un par de columpios y una resbaladilla...