La jornada, 15 de enero de 2002
Hay una huelga en Lázaro Cárdenas. Más de 2 mil obreros colocaron las banderas rojinegras el 20 de diciembre en las plantas de las industrias mineras de Las Truchas, tomaron las calles, resistieron las agresiones policiacas y ratificaron -en contra de las acciones de los patrones- su decisión de seguir perteneciendo al Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (STMMRM).
Desde el surgimiento de la empresa paraestatal Sicartsa los trabajadores de Lázaro Cárdenas que integran la sección 271 protagonizaron importantes luchas. Su nivel de organización y combatividad fue un verdadero dolor de cabeza para los distintos gerentes que llegaron a administrar el consorcio, así como para el dueño y señor del sindicato nacional que los representaba, el hoy finado Napoleón Gómez Sada.
En Sicartsa funcionaban regularmente asambleas y delegados departamentales y asambleas generales. La democracia de base era una realidad. La lucha obrera se desarrollaba lo mismo en acciones directas de control sobre el proceso de trabajo que en paros y huelgas. Los dirigentes de los sucesivos movimientos fueron regularmente despedidos. Las corrientes Línea de Masas y Democracia Proletaria se disputaban la conducción del movimiento.
El sindicalismo de clase practicado por los obreros de Sicartsa no era una excepción en el sector metalmecánico. Trabajadores de compañías como Altos Hornos o Fundidora de Monterrey también lo vivieron, con muchas dificultades, desde mediados de los setenta y los ochenta. La crisis económica de 1982 y la política de reconversión industrial en el sector cambiaron drásticamente el entorno de la lucha. La mayoría de los focos del sindicalismo democrático fueron derrotados.
Sicartsa se privatizó en 1990 y más de 2 mil 600 obreros fueron despedidos. Gran parte de los mineros más integrados al sindicato, en quienes había una experiencia organizativa y de lucha, quedaron fuera de la empresa. La sección se debilitó y se impusieron comités ejecutivos cada vez más ajenos a la base de los trabajadores y más cercanos la empresa. Y las consecuencias no se hicieron esperar. En 1999 fue mutilado el Contrato Colectivo al ser modificada la tabla del bono de producción y disminuido el salario de los trabajadores.
En julio de 2001 los empresarios dieron inicio a una campaña para formar un sindicato blanco y desaparecer el Contrato Colectivo. La empresa compró a los funcionarios de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje y en la revisión contractual, que vencía el 31 de julio, se archivó el expediente alegando que el sindicato no contaba con representación jurídica. Cuando los trabajadores discutían si estallaban o no la huelga, la empresa, apoyada por el gobernador Víctor Tinoco Rubí, mandó a la planta a 500 granaderos para intimidar a los mineros...