La jornada, 31 de diciembre de 2002
El gobierno federal volvió a tirar la toalla. No quiere más pleitos con la nomenclatura agraria del Congreso Agrario Permanente (CAP). Si apenas hace dos años los consideraba líderes corruptos con los que no había que negociar, hoy los reconoce como sus interlocutores para formalizar un "Acuerdo para el Campo" y crear una política de Estado para el sector rural.
Hace año y medio se dio la primera pulsada entre los líderes agrarios tradicionales y el gobierno del cambio. El 9 de agosto de 2001, Margarito Montes, dirigente de la UGOCP, preguntó a Javier Usabiaga, secretario de Agricultura: "¿Cuántos rounds más quieren Fox y usted, señor secretario?" Los funcionarios olvidaron su vocación "moralizadora". Estaba en juego el reparto de 100 millones de pesos para los agrupamientos campesinos y sus dirigentes.
Este fin de año concluyó con un nuevo episodio de este pleito. Apenas concluida la protesta campesina nacional más importante de la historia reciente, protagonizada por el movimiento El campo no aguanta más, de la que el CAP estuvo ausente, esta agrupación emplazó al gobierno a firmar un acuerdo para la defensa del campo y a crear un fondo compensatorio agrícola similar al creado en la Unión Europea. En la tradición de los gobiernos del PRI este pacto deberá formalizarse el 6 de enero de Veracruz, fecha en la que Venustiano Carranza promulgó su ley agraria.
El objetivo central del organismo es recuperar el papel de interlocutor prácticamente único con el gobierno que tuvo desde su fundación en 1989. Acompañó su exigencia con la amenaza de cerrar puentes y fronteras, sólo para retirarse a las primeras de cambio.
La propuesta del CAP no es más que una versión desempolvada del "Acuerdo para reactivar al campo", elaborada en noviembre de 1995 por la UNORCA, que en aquel entonces era todavía parte de esa convergencia. Partía de suponer que con el TLCAN se había negociado un tratado hacia fuera del país, que requería complementarse con un acuerdo con los productores para establecer un programa de transición en el sector rural capaz de paliar las asimetrías que el sector agrícola mexicano tiene respecto a sus socios comerciales.
Con sorprendente rapidez, las secretarías de Agricultura y Economía respondieron a la demanda de la nomenclatura campesina, reconociendo que el agro enfrenta conflictos serios de falta de rentabilidad. Aceptaron que, de cara a la apertura comercial, las actuales políticas son perfectibles. Asimismo acordaron instalar un grupo de trabajo "para definir la naturaleza, temática e instrumentos" de un Acuerdo para el Campo...