La Jornada, 13 de febrero de 2007
Ulises Ruiz los detiene y Ulises Ruiz los libera. Ulises Ruiz los envía a cárceles en Nayarit y Ulises Ruiz los regresa a penales en Oaxaca. Ulises Ruiz departe con Felipe Calderón en actos oficiales y Ulises Ruiz recibe el apoyo presidencial. A eso se le llama restaurar el "estado de derecho".
En la tierra de Benito Juárez el respeto al derecho ajeno por parte del poder no es la paz, sino una quimera. Las leyes sirven para impedir que se haga justicia. Los jueces y las policías dejan en libertad a los verdaderos bandidos y se dedican a fabricar delincuentes. El sistema de procuración de justicia está al servicio del gobierno en turno. La protesta social se ha criminalizado. Eso fue lo que sucedió con Ismael Cruz Caballero cuando la policía municipal lo detuvo el pasado 29 de noviembre.
Ismael era un humilde vendedor de Bon Ice, los congelados que tienen como logotipo un pingüino y que se ofrecen en calles y paraderos. Para completar sus ingresos y mantener a su mujer, su bebé y a los tres hijos de su esposa, trabajaba en el crucero de Cinco Señores, en la ciudad de Oaxaca, como traga fuegos, limpia parabrisas y maromero. Pero, según la fuerza pública, Ismael es un peligroso subversivo integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), responsable de la quema de un camión, quien, al ser detenido huyendo, llevaba un cohetón en la mano, una resortera en el cuello y 86 canicas en un calcetín.
Cuando la policía municipal lo aprehendió, Ismael trabajaba en el crucero de Cinco Señores para comprar pañales para su bebé. Lo golpearon, amenazaron y torturaron. Tres horas después, lo presentaron ante el Agente del Ministerio Público de Zimatlán, un municipio que se encuentra a 45 minutos de la ciudad de Oaxaca. Los gendarmes lo obligaron a confesar su culpabilidad. Frente al Ministerio Público negó los hechos. De nada le valió. El Ministerio Público dictó su declaración a una secretaria. Un policía le dobló el brazo hasta que el dolor lo hizo firmar.
A pesar de que violaba la jurisdicción, el Ministerio Público solicitó la consignación de la averiguación previa y la entrega con un juez mixto de primera instancia de Zaachila. Lo correcto habría sido presentarlo ante el juez calificador del centro de la ciudad de Oaxaca, y, en caso de que éste hubiera determinado la comisión de delitos, debería haberlo presentando ante el Ministerio Público adscrito en ese lugar, y posteriormente remitirlo a la procuraduría. Pero eso no importaba. Era necesario fabricar culpables para atemorizar a una población insumisa...