La Jornada, 24 de junio de 2014
Acosadas por el gobierno y divididas internamente, las policías y los sistemas de justicia comunitarios de Guerrero viven una grave crisis. Una tras otra se han sucedido detenciones arbitrarias de sus dirigentes, formación de policías rurales auspiciadas por el gobierno y graves agresiones de un grupo contra el otro.
Hace una semana, el 17 de junio, policías ministeriales de Guerrero detuvieron y golpearon brutalmente al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz. Se le señala como probable responsable en la comisión de diversos ilícitos. Recientemente Marco Antonio organizó un grupo de autodefensa en la zona rural de Acapulco, con el apoyo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).
Este fin de semana, diputados de PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo solicitaron al gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, intervenga en favor de la líder de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado. La comandanta Salgado está injustamente detenida en la prisión federal femenil de Tepic y ha sido víctima de graves violaciones a sus derechos.
El 20 de junio, 18 comunidades de la sierra recibieron en el municipio de Leonardo Bravo, con flores y una fiesta, a la primera generación de policías rurales del estado. Esta nueva fuerza armada es una iniciativa del mandatario para frenar la expansión de los policías comunitarios auténticos.
Un día después, la facción de la CRAC-PC dirigida por Eliseo Villar Castillo intentó tomar violentamente la sede histórica de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, en la que participan sus detractores. Al menos un policía comunitario murió.
El grupo de Eliseo Villar tiene el apoyo del gobernador Ángel Aguirre. La relación entre ambos es estrecha. Cuenta el periodista Sergio Ocampo que el mandatario declaró que Eliseo lo apoyó en su campaña, le regaló un becerro, es su amigo y ahora él va a corresponderle. Así lo ha hecho. Su facción, además de tener las puertas abiertas en distintas oficinas gubernamentales, recibe alrededor de un millón de pesos al mes.
El conflicto tiene una historia tras de sí. En 2013, la CRAC sufrió una fuerte implosión. La cohesión interna se resquebrajó y distintos grupos y dirigentes disputaron la conducción del movimiento y la interlocución con el Estado. Las corrientes se atacaron rabiosamente y se lanzaron a la cara graves acusaciones: paramilitares, agentes del gobierno y traidores. En los hechos se perdió el rumbo y la esencia del proyecto original...