La Jornada, 11 de diciembre de 2007
¡Zas! Por poco y le da. Uno de los dos huevos que atravesaron las curules del Congreso de Guerrero rozó a José Luis González de la Vega, secretario de Educación del estado, y se estrelló muy cerca de la más alta tribuna de la entidad. Clara y yema saltaron por los aires y fueron a embarrarse en la vestimenta del funcionario público.
Ese 28 de abril de 2007, a Alvaro Leyva Reyes, el fallido pítcher, le faltó un poco de puntería, pero no de coraje. Mientras José Luis González rendía su informe al Congreso, se levantó de las gradas, le gritó “¡Basta de mentiras!”, le exigió que respondiera al cuestionamiento sobre las medidas que había tomado para sacar de la nómina a los trabajadores que cobran sin trabajar, y le lanzó los blanquillos. No dio en el blanco. De inmediato fue desalojado.
El asunto tiene cola. El tráfico de plazas y quienes disponen de una y no trabajan son un escándalo. Y, aunque en la comparecencia el funcionario respondió: “No somos tapadera de nadie”, los aviadores siguen allí. Y no son pocos. De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) alcanzan, al menos, la cifra de 3 mil.
Fernando Pineda, presidente de la Comisión de Educación del Congreso del estado, asegura que la SEG es la dependencia “con mayores problemas de corrupción”.
Apenas el pasado 28 de noviembre, tres personas defraudadas denunciaron una red de complicidades en la venta de plazas que involucra a ciudadanos que se presentan como familiares del secretario de Educación.
Según José Calixto Díaz, el oficialista dirigente de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), “se decía que esas plazas las tenían funcionarios o personajes de la vida política dentro de los mismos partidos”.
Pero de acuerdo con el diputado perredista Martín Mora Aguilar, el asunto tiene ramificaciones en el gremio magisterial. Las plazas que van dejando los docentes y personal administrativo que están por jubilarse –asegura– son “negociadas” con el líder sindical, y al ser otorgadas se condiciona su entrega a la adhesión al Partido Nueva Alianza (Panal), en el cual milita Calixto Díaz. Todo esto sucede en un estado gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En una entidad en la que el secretario de Educación proviene no de las filas de ese partido, sino de las huestes de Elba Esther Gordillo...