La Jornada, 21 de octubre de 2014
Una narcomanta de dos metros de largo fue encontrada en la madrugada del 16 de octubre. Apareció en la barda posterior de la escuela secundaria número tres en Iguala, Guerrero, a menos de un kilómetro del 27 batallón de infantería. En ella, en un mensaje escrito con letra de molde en pintura roja y negra, El Choky solicita justicia al presidente Peña Nieto. De paso, denuncia, con nombres, apellidos y seudónimos, a los responsables del asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
El Choky fue señalado en días pasados por el fiscal general del estado, Iñaky Blanco, como jefe de sicarios de Guerreros Unidos, y responsable de ordenar la matanza y desaparición de los jóvenes el pasado 26 de septiembre, tras el ataque contra ellos de policías y sicarios.
La lista de los asociados al grupo delincuencial delatados en la manta es larga: ocho alcaldes, directores de Seguridad Pública, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y distintos personajes. Según el denunciante, éstas son las gentes que el gobierno deja andar libres y cometiendo tanto delito contra la población. Finalmente aclara: No toda la culpa la tengo yo. Firma: “Atte: Choky”.
El clima delincuencial denunciado por el narcomensaje no es exclusivo de Iguala y de siete alcaldías de la Tierra Caliente. El tipo de relación entre el edil José Luis Abarca, su policía local y el crimen organizado, puesto al descubierto con la masacre del pasado 26 de septiembre, está presente en muchos municipios de Guerrero. Se trata de una relación que involucra también a importantes políticos locales, legisladores estatales y federales, dirigentes partidarios, jefes de la policía y mandos militares. Es por ello que podemos caracterizar al régimen político existente en la entidad como un narcoestado.
Denuncias como la del Choky corren de boca en boca entre los guerrerenses. Empresarios, dirigentes sociales y periodistas han documentado este nexo. Parte de la prensa local y la nacional los ha publicado. En algunos casos, como en Iguala con el asesinato de los tres dirigentes de la Unión Popular, incluso se han presentado acusaciones formales ante las autoridades correspondientes. Todo ha sido en balde.
Quienes han alertado sobre la extensión y profundidad de la narcopolítica en la entidad han sido eliminados y amenazados. Cuando el empresario Pioquinto Damián Huato, líder de la Canaco en Chilpancigo, acusó a a Mario Moreno, alcalde de la ciudad, de tener vínculos con el grupo delincuencial Los Rojos, fue víctima de un atentado en el que murió su nuera y quedó herido su hijo...