La jornada, 07 de mayo de 2002
La abolición por decreto de la lucha de clases que proclamara este primero de mayo el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, quien considera que los empresarios son también trabajadores, pareció hacerse realidad en el acto oficial del Día del Trabajo. Allí, en santa alianza, participó, codo a codo, junto a los dirigentes sindicales oficiales, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X. González.
Mientras tanto, a unos cuantos kilómetros de distancia, en el corazón de la ciudad de México, la realidad, terca como es, desbarató los sueños de paz social del piadoso funcionario. Miles de trabajadores tomaron las calles para repudiar las reformas a las leyes laborales anunciadas por el gobierno.
Y es que para los obreros mexicanos los 17 meses de la administración de Vicente Fox están lejos de ser el paraíso prometido. Según datos del INEGI, durante el primer año y medio dejaron de estar asegurados en el IMSS más de720 mil personas de la industria de la transformación, la extractiva y de la construcción, o sea, dejaron de trabajar. Tan sólo en el sector maquilador de exportación se perdieron más de 270 mil empleos.
En las negociaciones de contratos colectivos, efectuadas a lo largo del primer año del nuevo gobierno, hubo cierta libertad para acordar incrementos salariales, lo que provocó una recuperación relativa de los salarios. Sin embargo, durante noviembre y diciembre de 2001 la presión de la Secretaría de Hacienda acabó con ese pequeño margen de negociación. Desde entonces se ha impuesto la línea dura en las revisiones salariales.
Durante el gobierno de Fox se han producido graves retrocesos en los derechos de asociación y de huelga. A raíz de la solicitud de un grupo de futbolistas para formar un sindicato en el nivel federal, la Secretaría del Trabajo se definió incompetente para reconocer registros nacionales locales; debido a esta resolución los trabajadores más desprotegidos no pueden acceder al instrumento más avanzado en la defensa de sus derechos laborales. El derecho de huelga quedó severamente afectado cuando, en el caso de la empresa Euzkadi, dictaminó que una empresa puede cerrar, aunque esto sea ilegal, y que sus trabajadores no pueden estallar una huelga para proteger sus derechos porque ya no hay labores que desempeñar.
Mientras tanto se prepara una ofensiva contra los sindicatos universitarios. Según el titular de la SEP uno de los principales problemas que enfrentan las instituciones de educación superior son los contratos colectivos de trabajo vigentes, que son económicamente insostenibles...