La Jornada, 02 de abril de 2013
Raúl Díaz Peña es un terrorista venezolano. Enemigo del gobierno de Hugo Chávez, en 2003 colocó bombas contra la embajada de España y el consulado de Colombia. Preso, fue sentenciado a nueve años de cárcel. En 2010, después de cumplir una condena de cuatro años y cinco meses, fue trasladado a régimen de prisión abierta. Clandestinamente se fugó del país y pidió asilo político en Estados Unidos. En octubre de 2012 se le concedió.
Raúl Díaz se dijo perseguido político y presentó una demanda contra el gobierno de su país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con una rapidez inusitada, ausente en casos como el de la masacre de Acteal, el organismo le dio la razón y condenó al Estado de Venezuela por violación al derecho a la integridad regional.
El caso Díaz fue la gota que derramó el vaso. La corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cometido una larga serie de tropiezos en su relación con ese país. Por ejemplo, la comisión aplaudió el golpe militar contra el presidente democráticamente electo.
Ante el resolutivo de la Corte por el caso Raúl Díaz, el presidente Hugo Chávez dijo que organismos como la nefasta, podrida y degenerada Corte Interamericana de Derechos Humanos deben desaparecer, por no estar a la altura del mundo nuevo, al tiempo que ratificó su retirada de los organismos judiciales de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El pasado 22 de marzo, el embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, afirmó ante la Asamblea General de la organización que Venezuela se declara en rebeldía contra un Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) corrupto y pusilánime.
Son muchos los gobiernos de la región, sobre todo los progresistas, que han externado fuertes críticas al sistema. El presidente de Bolivia, Evo Morales, equiparó a la CIDH con una base militar de Estados Unidos, en este caso dirigida a juzgar a otros países, y la acusó de estar al servicio de la derecha pro capitalista y pro imperialista. El mandatario de Ecuador, Rafael Correa, señaló quela CIDH no menciona el bloqueo a Cuba; hay capítulos dedicados a Argentina, Ecuador y Bolivia, pero ninguno a Estados Unidos. El bloqueo criminal a Cuba ni siquiera aparece en sus informes anuales.
Ese malestar se expresó abiertamente en la última Asamblea General Extraordinaria de la OEA, el pasado 22 de marzo. Después de muchas quejas, la reunión convalidó, sin consenso y con graves ausencias, el proceso de reforma al sistema interamericano de derechos humanos, al adoptar una controvertida resolución que dejó abierto el debate sobre su fortalecimiento...