La Jornada, 30 de marzo de 2021
Acreditar los derechos humanos en la sociedad mexicana no ha sido fácil. El que hoy estén incorporados al marco legal del país ha sido producto de una ardua y tenaz lucha de movimientos populares, organismos civiles, intelectuales, medios de comunicación y personalidades democráticas.
Los poderosos nunca se han sentido cómodos con ellos. Lemas de campaña como “los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas”, del mexiquense Arturo Montiel, o denuncias, sin prueba alguna, como la del senador Miguel Alemán contra organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos que lavan dinero del narcotráfico (La Jornada, 27/4/94), son lugar común entre políticos mexicanos.
Aunque en los hechos los hayan violado reiteradamente, los gobiernos en turno han tenido que aceptar de dientes para fuera el lenguaje de los derechos humanos ante la presión social y el escrutinio de organismos internacionales. Sin exagerar, en los últimos sexenios, centenares de luchadores sociales y cívicos (muchos de ellos indígenas defensores de su territorio y el ambiente) han sido asesinados, encarcelados y perseguidos.
Sin ir más lejos, durante el periodo de Ernesto Zedillo (1994-2000), al que algunos apologistas presentan como demócrata, se produjeron las matanzas de Aguas Blancas, del norte de Chiapas, de Acteal y de El Charco. Y en los Loxichas se desató una cacería humana salvaje.
Nada bueno puede decirse de la administración de Vicente Fox, con su cauda de arbitrariedades, incluida el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador. El periodo de Felipe Calderón (2006-12), y su guerra contra el narcotráfico, estuvo caracterizado por un baño de sangre incesante, ejecuciones extrajudiciales y persecución de sindicalistas, como los del SME.
El sexenio de Enrique Peña fue un desastre humano. Las agresiones del Estado contra individuos, organizaciones sociales y pueblos originarios se sucedieron imparables. El memorial de agravios de ese periodo tiene el tamaño del directorio telefónico. Va de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa a la masacre de Nochixtlán, pasando por el asesinato de periodistas y la ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes.
Pese a ello, y de la pretensión de instrumentalizar y domesticar los derechos humanos desde las comisiones gubernamentales, los defensores de los derechos del hombre encararon y denunciaron estas atrocidades contra viento y marea. Para ello echaron mano del lenguaje y los instrumentos legales de los derechos humanos. El costo que ONG, comités, activistas, periodistas y movimientos pagaron por defender la causa fue altísimo, en términos de sufrimientos y vidas...