La Jornada, 26 de agosto de 2014
En la foto los tres ríen con ganas. Están de buen humor. Parecen carnales que celebran la feliz ocurrencia de uno de ellos. En un lado de la imagen, el presidente Enrique Peña Nieto, con camisa a cuadros, toma fraternalmente el brazo izquierdo del líder campesino José Narro, ataviado con chamarra de cuero negra. En el otro, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, con camisa azul, posa afectuosamente su mano sobre el hombro derecho del dirigente rural.
La fotografía es reciente. Fue tomada apenas el pasado 20 de agosto en Guadalajara, Jalisco, en el acto en que el mandatario anunció el arranque de la Financiera Nacional de Desarrollo (Fndar) y créditos blandos para los productores agropecuarios por 44 mil millones de pesos.
En el encuentro participaron prácticamente todas las convergencias campesinas que se asumen como nacionales y en las que se articulan las innumerables siglas que se presentan como representantes de los ejidatarios del país. El gobierno federal invitó a sus dirigentes, los trasladó con gastos pagados y los apapachó.
La reunión fue importante. El anuncio de la nueva financiera rural y del nuevo tipo de financiamiento a los campesinos es la segunda cara de la reforma al campo. La primera son las leyes de hidrocarburos que legalizan el despojo de las tierras y territorios de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, acompañada de una compensación monetaria. Esta reforma, que combina el golpe y la sobada, puede resumirse en la fórmula: expolio más crédito.
Aparentemente no habrá más cambios legislativos para el mundo rural. Así lo declararon el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el senador Emilio Gamboa. Sin embargo, la afirmación es poco creíble. Para facilitar la entrega de tierras a los nuevos latifundios energéticos se necesita quitar los candados legales que los labriegos aún tienen para defenderse. En concreto, se requiere modificar la Ley Agraria, con el objetivo de que la decisión del cambio de uso de suelo de uso común a pleno dominio para enajenarlo no deba ser acordada en asamblea por las tres cuartas partes de los ejidatarios, y en su lugar baste con que sea votada por la mitad más uno de los asistentes. Asimismo, los privatizadores quieren desparecer el derecho de tanto a los familiares de los ejidatarios que deseen vender en lo personal sus tierras; esto necesita eliminar la facultad de que gozan su cónyuge e hijos para adquirir el predio con preferencia de otro...