La Jornada, 30 de septiembre de 2008
En el prefacio a Zapata y la Revolución Mexicana, John Womack escribe: “Este es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una revolución”.
Los historiadores que hagan la narrativa del actual conflicto magisterial en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) podrán tomar prestado el párrafo de Womack para explicar el surgimiento de la revuelta docente y decir: “Éste es un libro acerca de unos profesores que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una rebelión”.
La propaganda oficial ha presentado las actuales protestas de los trabajadores de la educación como un movimiento conservador en contra de una reforma modernizadora que busca terminar con la venta de plazas y los privilegios indebidos. ¿Es esto cierto? No, no lo es. La ACE es una reforma privatizadora, vertical y autoritaria, carente de transparencia, que atenta contra la educación pública y desprofesionaliza a los maestros convirtiéndolos en meros facilitadores educativos. No termina con el influyentismo ni con la venta de plazas.
La Alianza fue decidida desde arriba sin la consulta ni la participación de los maestros de base. Fue acordada por el gobierno federal y Elba Esther Gordillo, a quienes miles de profesores en todo el país no reconocen como su dirigente. ¿Se puede modernizar la educación pública al margen –y en contra– de los maestros? Obviamente no.
¿Fue la ACE una iniciativa de los estados? No, no lo fue. La Alianza fue una imposición del gobierno federal a las entidades federativas en nombre de la “federalización”.
Eduardo Bours, gobernador de Sonora y aliado de Elba Esther Gordillo, así lo reconoció. Según él, las inconformidades tienen su origen en un acuerdo central en el que la responsabilidad no es de los mandatarios estatales. “Es –asegura– una Alianza que se firma a nivel nacional y que la bronca pega en los estados.” (Reforma, 27 de septiembre de 2008).
El concurso nacional de oposición para las nuevas plazas establecido por la ACE viola el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial el 20 de mayo de 1992, pues invade competencias locales y cancela la contratación de profesores de nuevo ingreso por parte de los estados.
Como recordó Gustavo Santín en La Jornada de Oriente, el Acuerdo establece textualmente: “Al entrar en vigor el presente convenio, el gobierno estatal, por conducto de su dependencia o entidad competente, sustituye al titular de la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo federal en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás unidades administrativas que en virtud del presente convenio se incorporan al sistema educativo estatal”...