La Jornada, 20 de septiembre de 2016
Este lunes 19 de septiembre, los maestros de Chiapas regresaron a clases y levantaron el campamento instalado en Tuxtla Gutiérrez. Sin dar tregua, estuvieron en paro y en plantón 124 días.
No se fueron con las manos vacías. Arrancaron a las autoridades federales un pacto político verbal, sin minuta, en el que se establece que la reforma educativa (evaluaciones de promoción y permanencia) no se aplicará en la entidad en lo que resta del sexenio de Enrique Peña Nieto y el del gobernador Manuel Velasco Coello.
Los trabajadores de la educación de Chiapas eran el último contingente de la CNTE en mantener la huelga nacional iniciada el 15 de mayo para abrogar la reforma educativa. Días antes, Oaxaca, Guerrero y Michoacán habían retornado a las aulas.
La decisión de replegarse organizadamente no fue de los dirigentes del movimiento, sino producto de una consulta entre más de 55 mil maestros. De acuerdo con las actas escrutadas, votaron en favor de regresar a clases 266 asambleas delegacionales y de centro de trabajo y se opusieron 191. En 169 más no hubo actas. El levantamiento del paro fue decidido por los maestros de banquillo, no por sus líderes. El conteo fue público, no secreto, y estuvo a cargo de una comisión de profesores de base.
El acuerdo de los docentes fue avalado por el Comité Estatal Democrático de Padres de Familia. Según Elizabeth Hernández, representante de los padres, el movimiento magisterial y popular obtuvo en estas jornadas de lucha un importante triunfo. Lejos de ser una claudicación, el repliegue es un receso temporal que les va a permitir elaborar nuevas estrategias de lucha contra la reforma educativa y contra las reformas estructurales.
El pacto político acordado por el movimiento con el gobierno federal y estatal consta de 11 puntos. El primero es el congelamiento de la reforma educativa en la entidad. El segundo es el reconocimiento de la bilateralidad en las comisiones mixtas SEP-SNTE en Chiapas, es decir, de los ascensos, cambios, promociones, contrataciones y permutas de todos los niveles.
Entre los puntos acordados está también el pago de salarios adeudados, tanto con fondos del gobierno estatal como con recursos del Fone. Asimismo, la limpieza de los procesos judiciales en curso (órdenes de aprehensión, actas administrativas, carpetas de investigación, registros de atención…) en contra de trabajadores de la educación, padres de familia y movimientos sociales, como resultado de su participación en las movilizaciones contra la reforma educativa.
El acuerdo fue tomado originalmente en una reunión efectuada en la Ciudad de México el 31 de agosto. Sin embargo, días después fue desconocido públicamente por su principal artífice federal, el aún subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava, y por el de Educación Pública, Aurelio Nuño...