La Jornada, 21 de enero de 2014
Michoacán está en llamas, pero por optimismo gubernamental no queda. Según Monte Alejandro Rubido, vocero de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral, el eficaz despliegue de las fuerzas federales y la sustitución de los policías de 27 municipios ha generado que el margen de maniobra de los grupos delincuenciales esté prácticamente reducido a cero.
Palabras parecidas se escucharon durante las dos ofensivas anteriores. Hoy sabemos que eran mentira, meras ráfagas de saliva y papel en la batalla por la opinión pública. Sus estrategias fueron un fracaso. Los malosos conservan el control del territorio, hicieron crecer sus negocios y ampliaron su influencia en todos los ámbitos de la sociedad y el poder del estado. No hay elementos para suponer que ahora las cosas serán diferentes.
Entre otros, tres hechos nuevos distinguen el actual plan gubernamental de los previos. Primero, la presión de los inversionistas extranjeros para resolver el problema de la inseguridad pública. Segundo, la guerra contra los templarios por grupos de autodefensa, expresión simultánea del descontento ciudadano y criatura gubernamental. Y tercero, la intervención directa del grupo mexiquense en la vida política de Michoacán, al margen del pacto federal.
A finales de 2013, las operaciones militares de los grupos de autodefensa se convirtieron en un escándalo internacional. La narcoguerra en Michoacán se convirtió en noticia para la prensa extrajera. Los inversionistas foráneos advirtieron: de nada servirán las reformas estructurales si no se resuelve el problema de la inseguridad pública. Como señaló una nota de Reuters a propósito de la narcominería:“el futuro es incierto, a menos que el gobierno mexicano pueda restaurar el orden y ganar la batalla contra Los caballeros templarios.
La gota que derramó el vaso corrió a cargo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Después de que se accidentó la avioneta en que viajaba el líder de las autodefensas José Manuel Mireles, el responsable de la política interna declaró: “Sí (lo) cuidamos porque es una persona que ha venido lastimando a los grupos de los cárteles, particularmente a los templarios”.
A confesión de parte, relevo de pruebas. Ciertamente, las autodefensas están integradas por muchos afectados por los templarios; detrás de ellas hay un malestar social genuino. Son expresión legítima del hartazgo ciudadano. Pero, simultáneamente, puede verse la huella del gobierno federal en su nacimiento, armamento y en la permisividad de sus operaciones. Su existencia es parte de una arriesgada política de Estado. El accidente de Mireles transparentó esa estrategia y obligó al gobierno federal a dar un viraje: la formación de grupos paramilitares no es muy bien vista internacionalmente...