La jornada, 10 de octubre de 2006
La dinámica del conflicto oaxaqueño tal como se ha expresado hasta ahora se acerca a su fin. Los principales actores no cuentan ya con margen de maniobra hacia dónde moverse. Es la hora de las definiciones.
El gobierno federal tiene que decidir si reprime o construye una vía política para la remoción de Ulises Ruiz. Si decidiera hacer uso de la violencia no cuenta con el factor sorpresa de su lado. Han pasado demasiados días desde el despliegue de la Armada por mar y territorio oaxaqueño. Además, la medida no despierta la simpatía de la opinión pública, ni dentro ni fuera de la entidad.
La pretensión de abrir desde la Secretaría de Gobernación una tercera vía de solución fracasó. La oferta de otorgar al movimiento popular algunas concesiones, entre las que se encuentran la remoción de funcionarios menores y prestaciones económicas para el magisterio, sin tocar la cabeza del mandatario oaxaqueño, no es viable. Así lo expresaron con claridad tanto el magisterio como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La intención de crear un nuevo pacto social y un nuevo interlocutor desde las filas del grupo del ex gobernador Diódoro Carrasco y algunos empresarios abortó el miércoles pasado, cuando un grupo de destacados dirigentes indígenas e intelectuales abandonaron la reunión en Bucareli convocada para ello, argumentando falta de representatividad del encuentro y la ausencia de los problemas indígenas y campesinos de la entidad en la agenda establecida.
Ulises Ruiz no tiene para dónde hacerse. Si insiste en seguir encareciendo su macabra apuesta política de usar la violencia irregular en contra de quienes piden su salida terminará perdiendo irremediablemente a sus aliados panistas. Cada vez son más los miembros del Partido Acción Nacional (PAN) que ven con enorme preocupación el elevado costo que su instituto político está pagando por apuntalar al (des)gobernador oaxaqueño y que ya consideran la posibilidad de su salida...