La Jornada, 04 de octubre de 2011
Hace diez años se descubrió en la Sierra Norte de Oaxaca maíz contaminado con transgenes. Desde esa fecha, las comunidades indígenas del estado han luchado contra los cultivos transgénicos. El último episodio de esta batalla es el pronunciamiento de 35 organizaciones contra dos propuestas de ley que supuestamente pretenden proteger el maíz nativo, pero no prohíben la siembra o el almacenamiento de semillas genéticamente modificadas y, en cambio, instrumentan y legalizan su entrada al campo oaxaqueño.
Aunque produce sólo poco menos de 4 por ciento del maíz que se cosecha en el país, Oaxaca es uno de los siete estados con el mayor número de unidades de producción del cereal. Se siembra en 567 de los 570 municipios de la entidad. La mayor parte de quienes lo cultivan pertenece a alguno de los 15 pueblos indígenas que viven en la entidad. El grano es el centro de su alimentación y está estrechamente ligado a su cultura. Sus productores pertenecen a los estratos más pobres de la población y lo siembran, generalmente, en superficies menores a cinco hectáreas, en tierras de mala calidad y condiciones fisiográficas desfavorables.
En noviembre de 2001, los científicos de la Universidad de Berkeley Ignacio Chapela y David Quist encontraron maíz nativo contaminado con transgenes en comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca. A pesar de la campaña de descrédito montada por las empresas que fabrican semillas, que logró que la revista Nature se retractara de la publicación del artículo de Chapela y Quist, el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Biodiversidad (Conabio) confirmaron la contaminación. El informe documentó que en el almacén Diconsa de Ixtlán, Oaxaca, se había encontrado contaminación transgénica del maíz destinado a la venta para consumo humano (véase Ana de Ita, Reporte de los ciudadanos del mundo. México: maíz transgénico en el centro de origen).
El descubrimiento detonó la organización de la respuesta social y la integración de distintas luchas de regiones, comunidades y organizaciones. Las comunidades y los campesinos oaxaqueños han estado desde entonces a la vanguardia de la resistencia contra la contaminación.
Como parte de esta lucha, el pasado 25 de agosto, 35 organizaciones firmaron un pronunciamiento rechazando dos propuestas de ley que pretenden proteger al alimento básico de la población oaxaqueña, que –aseguran– facilitan el saqueo del maíz nativo por empresas trasnacionales...