La jornada, 17 de octubre de 2006
Ocho muertos, ocho. Casi todos de un solo lado. En Oaxaca sólo unos ponen los muertos. La sangre corre por cuenta de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). También los heridos de bala, los secuestrados, los torturados, los encarcelados sin orden de aprehensión.
Pero casi nada sucede para el poder. El dolor de los deudos, la rabia de los compañeros, el temor de los vecinos, la solidaridad de los paisanos, son ignoradas arriba. Los sacrificados son cadáveres sin nombre, presos sin biografía, heridos sin memoria. No lo dicen, pero el silencio de los poderosos ante tanta atrocidad sugiere que piensan que las víctimas merecieron lo que les sucedió.
¿Dónde están los responsables de los asesinatos de maestros, arquitectos, estudiantes? ¿Dónde se encuentran los torturadores? ¿Qué ha pasado con los pistoleros que han disparado contra la multitud? La respuesta es simple: siguen en libertad, continúan cometiendo delitos, viven en la más absoluta impunidad.
¿Y la autoridad? Si la policía nunca ha sido confiable en México, menos lo es en la Oaxaca de hoy. Ellos, vestidos de civil, han sido los encargados de agredir a los insumisos. Nunca ha resultado tan cierta como ahora en Oaxaca aquella historia en la que, enfrentado un peatón al dilema de caminar por una acera en la que se encuentra con una banda de delincuentes o por otra patrullada por gendarmes, toma el camino menos riesgoso: pasar por donde se encuentran los hampones.
Pero ¿no es una exageración decir que en Oaxaca solamente unos ponen los muertos? ¿Acaso el profesor René Calva, apuñalado el 5 de octubre, no pertenecía a una corriente sindical opuesta a los maestros que exigen la salida del (des)gobernador Ulises Ruiz?
Así es. René Calva era parte de una tendencia gremial opositora a la dirigencia de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Sin embargo, casi nadie cree que su asesinato haya sido obra de la APPO. Por principio de cuentas, porque el movimiento democrático no ha liquidado a ningún opositor. A diferencia de la clase política local, no es así como resuelve sus diferencias. Además, porque el crimen se cometió inmediatamente después de que la Secretaría de Gobernación ofreció al movimiento popular remover los mandos policiales del estado y tomar control directo de ellos, medida rechazada tanto por el Congreso
local como por el mandatario. La feroz campaña de medios contra los opositores de Ruiz que siguió a la muerte del maestro Calva es un indicador indiscutible de quiénes fueron los beneficiados con su homicidio...