Oaxaca y los derechos humanos

La Jornada, 20 de noviembre de 2007

Evencio Martínez es un funcionario público muy peculiar. Nacido en Silacayoapam, distrito de la Mixteca, presume de ser gran conocedor de los derechos humanos. Sin embargo, el procurador de Justicia de Oaxaca, ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ex director jurídico y de Gobierno y ex subsecretario de Gobierno, no tiene en muy alta estima a quienes los defienden. Según él, “las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos no tienen moral y no tienen ética. No son imparciales”.

Igual convicción tiene su subalterna Rosario Villalobos Rueda, subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. De acuerdo con ella, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no merecen mucho crédito, porque “actúan presionadas por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos”. Quizás por eso la funcionaria defendió semanas atrás a la directora del Instituto San Felipe, acusada por los padres de un niño de prescolar, presuntamente violado en la institución escolar, de proteger a los pederastas.

Por supuesto, este desprecio de las autoridades oaxaqueñas por los derechos humanos y sus defensores no es exclusivo de quienes están encargados por ley de su defensa. Más bien, es una “cualidad” compartida por el conjunto de la administración pública, comenzando por el jefe del ejecutivo estatal.

A la llegada de Ulises Ruiz al gobierno de Oaxaca, los organismos civiles denunciaron que Jaime Mario Pérez Jiménez, anterior ombudsman, estaba identificado plenamente con el gobernador, de quien fue asesor jurídico cuando éste andaba en campaña electoral. Con su nombramiento, el gobierno del estado violó una serie de convenios y tratados internacionales y pasó por alto acuerdos internos en materia de organismos públicos defensores de derechos humanos. Su función quedó subordinada a los intereses del gobierno en turno.

No puede extrañar entonces la gran cantidad de informes que diversos organismos civiles de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, han documentando sobre la gravedad de la situación en la entidad...