La Jornada, 08 de mayo de 2007
Las cárceles del país están llenas de presos políticos. Cada día que pasa la lista de luchadores sociales que ingresa a prisión crece. Quienes se encuentran detenidos por participar en movimientos sociales enfrentan procesos legales llenos de anomalías jurídicas. La ley se ha convertido en una herramienta para combatir la justicia.
Las cifras sobre el número de detenidos políticos varían. Varios organismos defensores de derechos humanos hablan de que hay alrededor de 500 de ellos. Otros elevan el número a 800. Esta diferencia en la contabilidad proviene de que no hay ni un listado único de presos ni una asociación de defensa de alcance nacional que coordine a los comités y grupos locales existentes. No existe en México un organismo similar al Frente Nacional contra la Represión, que, a finales de la década de los 70, encabezó la lucha por la presentación de los desaparecidos y la liberación de los detenidos por sus convicciones.
Un prisionero político es una persona a la que se mantiene en prisión o bajo arresto, porque sus ideas suponen un desafío al sistema político establecido. Un preso de conciencia es un ser humano encarcelado por sus ideas políticas, creencias religiosas, origen étnico, sexo, idioma, origen nacional o social, situación económica u otra circunstancia, y que no ha incurrido en delito ni ha recurrido a la violencia o propugnado su uso. Se le encarcela solamente por sostener ideas, creencias o condiciones de vida contrarias a las del grupo en el poder.
Muchos de quienes se encuentran tras las rejas fueron víctimas de los cuerpos policiales de violencia. Fueron golpeados, torturados, e, inclusive, abusados sexualmente, durante y después de su arresto. No pocos se encuentran en condiciones carcelarias humillantes. Varios están recluidos en penales de alta seguridad, al lado de torturadores, narcotraficantes y secuestradores.
Un enorme número de los presos políticos son jóvenes, y no son pocos los dirigentes populares que encabezaron luchas de protesta. Son los damnificados de una política que ha decidido criminalizar la expresión pública del malestar social antes de abrirle espacios reales de negociación. Los prisioneros a los que se les asocia con organizaciones guerrilleras son una minoría...