La Jornada, 03 de abril de 2018
¿Qué posibilidades reales de cambio del modelo económico se abren en las próximas elecciones presidenciales? Ninguna. En los próximos comicios del primero de julio no está a la orden del día el fin del modelo neoliberal en México. No está en puerta la opción de transitar hacia una ruta distinta a la del Consenso de Washington.
Y no lo está, por dos razones distintas. Primero, porque ninguno de los candidatos a la Presidencia postula la necesidad de caminar por una vía posneoliberal. No hay un solo programa de gobierno que sostenga esa alternativa. Segundo, porque desde 1994-1996 se han aprobado una serie de candados legales que blindan jurídicamente el proyecto neoliberal. Todos los aspirantes a la primera magistratura sostienen que hay que respetar ese marco legal.
Por razones distintas, amigos y enemigos de Andrés Manuel López Obrador sostienen lo contrario. Ven en él al candidato de la ruptura. ¿Es realmente así? No. Su Proyecto alternativo de nación plantea que hay que recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del país. Sostiene que se consultará a la gente si las reformas estructurales se mantienen o se cancelan. Anuncia que el presupuesto será realmente público y se dará preferencia a los pobres. Insiste en la centralidad de la lucha contra la corrupción. Pero no habla explícitamente –como hizo en el pasado– de erradicar el modelo económico neoliberal.
Sin embargo, aunque no hay ruptura de fondo con el modelo de desarrollo seguido hasta ahora, eso no significa que su proyecto sea mera continuidad del actual. Por supuesto que hay cambios, pero lo central se conserva.
¿Dónde están esos cambios? Por lo pronto, en poner en el centro del debate de la campaña electoral la revisión de los contratos para la obra pública y las concesiones gubernamentales, que son, a decir de Lorenzo Meyer, el corazón de la política. Sobre todo, los de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) y los de las concesiones de explotación de campos petroleros.
Otro cambio tiene que ver con la reforma educativa. El candidato de Juntos Haremos Historia firmó un compromiso con las Redes Sociales Progresistas, el brazo gremial-electoral de Elba Esther Gordillo, en el que se compromete a dar marcha atrás a la reforma educativa, enviando al Congreso un nuevo proyecto de la Ley del Servicio Profesional Docente, eliminando la evaluación punitiva. Su propuesta no toca la redacción del artículo tercero constitucional ni las legislaciones secundarias en la materia.
Pero, más allá de la voluntad política para modificar el modelo neoliberal, está el entramado jurídico construido para evitar que se modifiquen sus aspectos sustantivos. No se trata tan sólo de un candado, sino de un sistema complejo de cerrajería urdido desde las reformas aprobadas por las cámaras, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el funcionamiento de los organismos reguladores de la economía y la firma de acuerdos de libre comercio. El marco legal aprobado es un verdadero campo minado que favorece invariablemente los intereses de las grandes empresas (muchas de ellas trasnacionales) en contra de las facultades regulatorias del Estado...