La Jornada, 13 de octubre de 2020
En plena pandemia, la presa Pilares comenzó a llenarse. La comunidad de Chorijoa, del ejido Guarijíos-Burapaco, fue inundada. Sus tierras, árboles frutales, cercos, vegetación tradicional, platas medicinales están desapareciendo bajo el agua. Conforme el embalse se llena, el territorio ancestral de la tribu makurawe se pierde.
La presa Pilares se construyó sobre el río Mayo, en Álamos, Sonora, a lo largo de 10 años, en territorio guarijío. Reconocidos como pueblo en 1986, nunca les consultaron si la querían o no, o si estaban de acuerdo con ella. Menos aún les explicaron las consecuencias que les traería su edificación. Simple y sencillamente, la construyeron en su territorio. Tampoco les avisaron que iban a anegar sus tierras. Sin contemplación alguna las inundaron. No les importó que los indígenas estuvieran legalmente amparados. Pasaron por encima de ellos (https://bit.ly/34R3XPc).
La tragedia de los guarijíos, indígenas pobres entre los pobres, desplazados de sus tierras y su territorio por una presa, dista de ser una excepción en el México indígena de hoy. A lo largo de todo el país, en nombre del progreso, la soberanía energética o el bienestar, diversos megaproyectos devoran los hábitats ancestrales de las comunidades originales. Sin más contrapeso que la resistencia comunitaria y unas pocas herramientas legales, quienes impulsan las grandes obras ignoran el derecho a la consulta de los pueblos, expolian sus recursos naturales, contaminan y roban sus aguas, los expulsan de sus terruños, devastan flora y fauna y asesinan a sus defensores.
Teóricamente no debería ser así. Una y otra vez, el presidente López Obrador ha reivindicado la herencia de los pueblos originarios. La cuestión indígena está en el centro de su agenda. Desde la toma de posesión en el Zócalo hasta la gira titulada Diálogo con los pueblos indígenas, que contemplaba visitar 100 comunidades en todo el territorio mexicano, el tema es parte medular de su proyecto de gobierno.
“Voy –anunció al dar el banderazo de salida a su recorrido por 100 comunidades– a visitar todas las regiones indígenas de México. Me voy a reunir con los integrantes de todas las etnias y de todas las culturas originarias de nuestro país. […] Quiero ir a hablar con ellos para constatar cómo van los programas que se han puesto en práctica en beneficio de las comunidades indígenas, porque se les está dando prioridad, atención especial, pero quiero escuchar sus puntos de vista y recoger también otros sentimientos”. En parte, el recorrido buscó destrabar los amparos interpuestos por las comunidades contra decenas de proyectos de infraestructura.
Sin embargo, pese a esta declaración de intenciones, el balance de la relación entre pueblos indígenas y 4T no permite ser optimista. Después de dos años de un nuevo gobierno, los pueblos originarios no cuentan con el reconocimiento a sus derechos pendiente desde que se firmaron los acuerdos de San Andrés en febrero de 1996, ni más presupuesto para sus proyectos de desarrollo, ni defensa eficaz a sus derechos humanos (de Samir Flores a Óscar Eyraud Adams en este sexenio han sido asesinados al menos 30 defensores de derechos humanos) ni respeto a sus territorios...