La Jornada, 12 de junio de 2001
Durante dos semanas miles de maestros de educación básica suspendieron labores y tomaron calles, carreteras y edificios públicos para abrir una negociación con funcionarios federales. De un día para otro el nuevo gobierno perdió los canales de comunicación con el EZLN después de dedicar meses y parte de su capital político a construirlos; ni el presidente Fox ni los integrantes de su gabinete cabildearon con el Congreso de la Unión para sacar adelante la reforma indígena.
Por varios meses, la Secretaría de Gobernación se enfrentó sin mayor éxito con Cervera Pacheco alrededor de las autoridades electorales de Yucatán. El proyecto de mayor envergadura de la nueva administración, la reforma hacendaria, quedó atrapada, a pesar de su urgencia, en las redes del Poder Legislativo y deberá esperar hasta el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso para su discusión. La misma suerte ha corrido la privatización del sector eléctrico: el primero de mayo, cientos de trabajadores abuchearon y silbaron al Presidente de la República en un encuentro para celebrar el Día del Trabajo.
La lista de descalabros del nuevo gobierno en su relación con sectores sociales movilizados, fuerzas políticas y el Congreso de la Unión es enorme, sobre todo con aquéllos que expresan demandas no resueltas durante muchos años. Es muestra no sólo de la falta de experiencia de un gabinetazo bisoño, sino de la ausencia de interlocutores y operadores políticos en sus filas y de la carencia de interés por tenerlos. Evidencia la brecha que existe entre la administración y el resto de la sociedad.
Es cierto que el presidente Fox ha dedicado, con fortuna, tiempo y recursos al trato con los medios, principalmente electrónicos. El generoso presupuesto destinado a comunicación social es prueba de ello. No podía ser de otra manera en un gobierno regido por las reglas del marketing y los sondeos de opinión. Pero la política mediática, útil para mantener la popularidad, es absolutamente insuficiente para atender y canalizar las demandas sociales, e ineficaz para reordenar las relaciones entre el Estado y la sociedad. Y, cualquier cambio de régimen, como el que vivimos, requiere de ello.
Parece evidente que el jefe del Ejecutivo no tiene problemas de relación con los hombres de empresa. Basta ver la composición del gabinete para darse cuenta de ello. No es un equipo de transición democrática sino, esencialmente, un gobierno gerencial. Muchos dirigentes de Coparmex pasaron, con capacidad o sin ella, de las filas del sindicato patronal a la administración pública para beneplácito de quienes defienden la ideología de la libre empresa. Y, a no ser por las sonoras quejas de Carlos Slim en contra de los funcionarios nacionalifóbicos que quieren abrir el sector de telecomunicaciones a la competencia extranjera sin gradualidad y sin acotamientos, no parece haber problemas de relación con este sector...