La Jornada, 26 de septiembre de 2017
El delegado de Xochimilco, Avelino Méndez, puso pies en polvorosa en el pueblo de San Gregorio. El pasado 21 de septiembre, una multitud enfurecida lo corrió de ese barrio a patadas, golpes, piedras y mentadas de madre. Le reclamaba la falta de atención a los damnificados y el sólo irse a tomar la foto. Protegido por un grupo de colaboradores, el funcionario logró escapar trepando a un camión en movimiento.
Días antes, el 12 de septiembre, en Juchitán, Oaxaca, un grupo enfurecido de padres de familia, abuchearon, gritaron y reclamaron al secretario de Educación, Aurelio Nuño, la escasa ayuda del gobierno federal a los damnificados por el sismo. Impotente, el funcionario demandó: Déjenme hablar. Déjenme decir a lo que vengo. Fue inútil. Los gritos en su contra arreciaron y debió de pasarle el micrófono al gobernador de Oaxaca para que lo rescatara.
No corrió con mejor suerte el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Cuando el 20 de septiembre se presentó en mangas de camisa a las ruinas de la fábrica derrumbada en Chimalpopoca y Bolívar, fue increpado por los rescatistas del barrio, en su mayoría albañiles y obreros, que habían trabajado con picos y palas en remover escombros más de 24 horas seguidas. Rodeado de granaderos, el funcionario trató de abrirse paso infructuosamente entre los voluntarios, mientras recibía un alud de insultos y proyectiles improvisados. ¡Fuera, fuera!, le gritaban, mientras pedía calma.
El 22 de septiembre, decenas de enfurecidos integrantes de organizaciones sociales tomaron el centro de acopio del DIF estatal en Morelos, abrieron tres tráileres de ayuda humanitaria sin descargar y vaciaron la bodega llena de víveres sin distribuir, secuestrados por el gobierno de Graco Ramírez. Los indignados decidieron distribuir por su cuenta varias toneladas de apoyos a quienes los necesitaban. El enojo les nació de la pretensión del mandatario estatal (es un decir) de monopolizar la distribución de las ayudas.
Todos estos casos de explosiones de encono popular contra autoridades gubernamentales distan de ser hechos aislados. Son parte de un clima general de inconformidad que se incuba en muchas partes del país.
Muchos rescatistas tienen los ánimos crispados. Convencidos de que están en la primera línea del desastre para tratar de salvar vidas, chocan con quienes fueron enviados allí para recibir órdenes. Cuando menos se han suscitado tres enfrentamientos a golpes entre voluntarios y policías (en Chimalpopoca, Tlalpan y Álvaro Obregón); los pleitos con funcionarios delegacionales, a los que se acusa de agandallarse la ayuda y entorpecer los rescates, han sido incontables y, con harta frecuencia, se han producido jaloneos con marinos y soldados...