La Jornada, 14 de julio de 2009
En varios estados de la República existe inconformidad con las tarifas eléctricas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pobres urbanos, comunidades rurales, clases medias y agricultores de Campeche, Chihuahua, Nayarit, Tabasco, Chiapas y Veracruz (por citar algunas entidades) se han organizado para resistir lo que consideran un costo abusivo del fluido eléctrico que usan. Han hecho huelgas de pago y marchas, ocupado edificios públicos y reinstalado el servicio cuando los trabajadores de la paraestatal se lo desconectan.
Por ejemplo, los tabasqueños tienen un conflicto de varios años con la CFE. El movimiento de no pago empezó allí en 1996. Sus dirigentes aseguran que cerca de 250 mil usuarios siguen en resistencia civil, cuando el padrón de usuarios es de 568 mil. De acuerdo con el gobierno del estado, quienes no pagan la luz son 82 mil.
El problema no es privativo de una zona o colonia. A barrios residenciales y casas de colonias populares llegan recibos con montos de 8 mil y 10 mil pesos. Los negocios más modestos pueden recibir una factura de 40 mil pesos. El acuerdo solidario compensatorio (ASC), firmado en octubre de 2007 entre los gobiernos federal y estatal, según el cual bajarían las tarifas eléctricas en la entidad y se condonarían los adeudos a usuarios morosos, definitivamente no resolvió el conflicto.
La presión social ha provocado conductas políticas inusitadas. En septiembre de 2008, la diputada del Partido Acción Nacional Dolores de María Manuell Gómez realizó una breve huelga de hambre en protesta por las altas tarifas de luz en Sonora y Baja California. Dijo que en algunos casos éstas representan entre 70 y 100 por ciento de los salarios de los trabajadores. Aseguró que suspendería su ayuno cuando la CFE reconociera su error en la lectura de los kilovatios y se restructuraran las tarifas para evitar el manipuleo en los precios del servicio. El ayuno terminó siendo una parodia.
El último eslabón de esta cadena de inconformidad aconteció en Candelaria, Campeche. El pasado 9 de julio fueron detenidos allí, sin orden de aprehensión, cinco integrantes del Movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica. Elementos policiacos derribaron las puertas de sus casas, encañonaron a sus familiares y golpearon a los activistas. Cuatro de ellos son acusados de cometer delitos federales, entre los que figuran: robo a la riqueza de la nación, impedimento para la realización de un servicio público y privación ilegal de la libertad de un funcionario público. Sus compañeros aseguran que éstos fueron fabricados por la autoridad como un medio de presión política...