La Jornada, 06 de enero de 2009
Resplandor teotihuacano es un espectáculo multimedia estilo Televisa con el que se busca convertir el pasado prehispánico en show y la difusión de la historia en negocio para inversionistas privados. No se trata de un hecho aislado: es la última embestida de empresarios y políticos para beneficiarse del patrimonio histórico del país.
Resplandor teotihuacano es una agresión al patrimonio histórico que, en nombre del “progreso”, viola la legislación vigente. Los hechos son incontrovertibles. La instalación de luminarias y rieles para el espectáculo de luz y sonido en las pirámides del Sol y la Luna han dañado los estucos y estructuras de los monumentos precolombinos. Como han señalado investigadores y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) los promotores del negocio ni siquiera cuentan con un guión académico terminado.
El 31 de octubre de 1977 se publicó en el Diario Oficial un acuerdo por el que los museos nacionales y regionales, así como los monumentos arqueológicos e históricos y las zonas de monumentos arqueológicos, dependientes del INAH, no serán utilizados por ninguna persona física o moral, entidad federal, estatal o municipal, con fines ajenos a su objeto o naturaleza. Estos fines se establecen en la Ley de Monumentos Históricos.
Resplandor teotihuacano vio la flagrantemente ese decreto y esa ley. Aunque las autoridades del INAH parecen no darse cuenta, en ninguna legislación se establece que el objetivo de las pirámides sea el de entretener turistas con pasatiempos inspirados en Las Vegas.
La ofensiva del capital inmobiliario, la industria turística y los políticos contra el patrimonio histórico y cultural protegido por la legislación federal viene de muy atrás. Para ellos es inadmisible que esos bienes no puedan convertirse en mercancías con las que obtener beneficios privados. Exigen, reiterada y sostenidamente, de manera abierta o soterrada, su desamortización. Unos quieren hacer negocio y lo quieren hacer ya. Otros desean invertir obras que le den lustre a sus administraciones, sin importarles que se destruyan inmuebles de indudable valor.
El decreto del 31 de octubre de 1977 fue promovido por el director del INAH, Gastón García Cantú, para contar con un paraguas jurídico que protegiera a los monumentos arqueológicos e históricos. Contó con el aval de la comunidad científica, académica y laboral del instituto.
Entonces, tal como sucede ahora, las presiones ilegítimas contra el patrimonio cultural eran incontenibles. Las anécdotas dan para un libro. Por ejemplo, el entonces gobernador de Puebla quería deshacerse de un edificio del siglo XVII, en el que se había albergado el primer colegio de estudios superiores de esa entidad porque, según él, “estorbaba y ya no servía”...