La Jornada, 10 de marzo de 2009
Los diputados federales de todos los partidos políticos han mostrado tener la sensibilidad de un elefante. Mientras miles de maestros protestan en todo el país en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), ellos acordaron reformar la Constitución para abrir la puerta a su legalización. Al tiempo que prolifera la resistencia ciudadana a la privatización de la educación pública, ellos legislaron para que ésta camine más rápidamente.
El pasado 11 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó, obviando las dos lecturas reglamentarias y casi sin discusión, la reforma al artículo tercero constitucional. Todos los partidos apoyaron la reforma. Votaron a favor 299 legisladores, cuatro en contra y 11 se abstuvieron. Dos diputados que la rechazaron son miembros de Acción Nacional y otros dos del Partido Verde Ecologista de México.
No es un asunto cualquiera. El artículo tercero es uno de los puntales de la Constitución, uno de los soportes centrales del pacto social. Su modificación requería un gran consenso nacional. No lo tuvo.
Único orador en contra, Juan José Rodríguez Prats denunció en tribuna las graves deficiencias del dictamen, que, según él, estuvo hecho sobre las rodillas. “Creo, señores –dijo–, que esta legislatura no se ha caracterizado por su trabajo eficiente. Hemos hecho muchas reformas precipitadamente y hemos caído en la degradación, y en toda mi experiencia parlamentaria, no lo había vivido, de legislar por trueque: tú me apruebas esta iniciativa, yo te apruebo ésta, y no se analizan las iniciativas en sus méritos, en su contenido ni en su trascendencia.”
Formalmente, la reforma instituye la obligatoriedad de la educación media superior y establece la educación como eje fundamental del desarrollo nacional, al tiempo que reconoce la necesidad de que exista una política de Estado en la materia. Adiciona como parte de la filosofía del artículo el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la paz. Asimismo, fija la necesidad de que la ley establezca lineamientos y criterios para garantizar que la educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas. Ajusta el texto constitucional para establecer mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación...