La jornada, 14 de enero de 2003
Acostumbrados a mirar hacia el norte, Javier Usabiaga, secretario de Agricultura, y el presidente Fox no escuchan las voces de los campesinos mexicanos que exigen una moratoria al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLC).
El campo no aguanta más. Las políticas puestas en marcha para reanimar al agro desde que en 1986 México se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas (GATT) han fracasado. El PIB agropecuario ha crecido por debajo del aumento de la población y del ya de por sí limitado crecimiento del producto interno bruto nacional. El comercio exterior tiene déficit crónico. Nos hemos quedado sin ventajas comparativas y sin autosuficiencia alimentaria. Lejos de disminuir, la pobreza rural y la migración se han incrementado.
Algo así reconoció el presidente del Banco Mundial, Jim Wolfensohn, cuando el pasado 20 de noviembre, en Río de Janeiro, Brasil, frente a 800 empresarios, ejecutivos y analistas presentes en la reunión Negocios en América Latina, organizada por el Foro Económico Mundial de Davos, afirmó: "El consenso de Washington ha muerto".
Pero ni el presidente Fox ni el secretario Usabiaga quieren darse cuenta del fracaso del modelo que siguen. En cuanta ocasión pueden insisten en que las dificultades por las que atraviesa nuestra agricultura y los agricultores se deben a su falta de vocación empresarial, a su carencia de compromiso con la productividad, y que exigir una moratoria a los capítulos agropecuarios del TLCAN sería perder lo más por lo menos. Según el Rey del Ajo la responsabilidad en el rezago del campo es de los productores, no del tratado.
Pero la realidad que se vive en el agro no es la misma que se mira desde el rancho San Cristóbal. La rentabilidad en el campo ha sido recurrentemente sacrificada para no alterar los objetivos macroeconómicos.
Por ejemplo, como parte del plan de rescate de la economía mexicana después del error de diciembre, Estados Unidos otorgó a México un crédito de mil millones de dólares de la Commodity Credit Corporation, que nuestro país pagó comprando grandes volúmenes de maíz. Fue así como entre 1995 y 1999 el gobierno mexicano importó, incurriendo en dumping, más de 7 millones de toneladas del grano por arriba de la cuota establecida en el TLC sin cobrar aranceles. La medida, una acción de competencia desleal de quien debía defenderlos, fue un severo golpe que desprotegió a los maiceros nacionales. ¿Qué responsabilidad tuvieron en esa decisión?...