La Jornada, 18 de enero de 2011
El año comenzó con un fuerte conflicto socio-electoral en Oaxaca. Los tribunales electorales ocasionaron un enorme malestar comunitario al anular la elección de autoridades de 47 municipios que se rigen por usos y costumbres. En las alcaldías revocadas, el Congreso local designó a encargados de la administración municipal. La población respondió tomando las sedes de gobierno y reteniendo funcionarios.
No se trata del agotamiento de un sistema de convivencia y de gestión de intereses colectivos. El problema va más allá de lo estrictamente electoral. Lo que está en juego es la posibilidad de que sobreviva una legislación que permite a los pueblos indígenas el ejercicio (parcial y limitado) de su autonomía, al nombrar sus cabildos a partir de su diferencia cultural, al margen de los partidos políticos. Se está trastocando el sistema normativo indígena, en lo general, y el sistema de cargos, en lo particular. Se está jugando con la vida y el futuro de los pueblos indígenas.
El argumento para anular los nombramientos de autoridades es que no se respetó el principio universal de votar y ser votado. La mayoría de las quejas fueron presentadas por pequeños grupos de ciudadanos, usualmente asociados a un partido político, que viven en las agencias municipales. Las resoluciones fueron falladas por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la sala regional de Jalapa, Veracruz.
Los tribunales resolvieron las demandas de inconformidad en unos cuantos días. En la mayoría de los casos no hubo garantía de audiencia ni se cumplió con el debido proceso. Le dieron la razón a los inconformes sin escuchar a la parte mayoritaria de las comunidades. No se respetó a los municipios.
Las anulaciones evidencian cómo los tribunales electorales ignoran en sus resolutivos el derecho indígena. Los criterios que norman su acción privilegian unilateralmente el sistema de partidos políticos y los derechos individuales, y dejan de lado los derechos colectivos de los pueblos. En nombre del derecho de ciudadanía desprecian el derecho a la ciudadanía étnica y refuerzan el monopolio partidario de la representación política.
De los 570 municipios que existen en Oaxaca, 418 eligen sus autoridades por el sistema de usos y costumbres y 152 por el de partidos políticos. De los 418 ayuntamientos que se rigen por el derecho consuetudinario, 330 duran en su cargo tres años; dos dos años; 27 año y medio, y 59 un año. En 1995, en medio de una creciente ebullición social, se reformó la Constitución del estado y la ley electoral para legalizar los usos y costumbres. El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) votaron en contra...