La jornada, 22 de febrero de 2005
Diversos analistas políticos de izquierda y derecha han dicho que el desafuero de Andrés Manuel López Obrador es una decisión tomada en Washington. La afirmación tiene muy poco sustento. Por el contrario, las evidencias de que la maniobra contra el jefe de Gobierno de la ciudad de México se acordó dentro del país son muchas y muy sólidas.
Quienes desde la trinchera del conservadurismo aseguran que la candidatura del tabasqueño está siendo vetada por la administración de Bush formulan un deseo más que una realidad. Quisieran que ese supuesto veto se convirtiera en un elemento de disuasión para quienes, sin ser parte del voto duro perredista, piensan sufragar por él.
Quienes desde el campo de las fuerzas progresistas advierten que el gobierno de Estados Unidos no quiere una versión mexicana de Hugo Chávez en su frontera sur expresan una presunción no documentada empíricamente. Están seguros de que el intervencionismo de la Casa Blanca en nuestros asuntos internos no tolerará un gobierno que reivindique la soberanía nacional y suponen que una ofensiva como la que está en curso contra El Peje no puede ser ajena a la naturaleza imperial de la política exterior de nuestro vecino.
En contra de estas opiniones existen los hechos, que parecen mostrar que las relaciones entre Washington y López Obrador no son malas, y que explícitamente no hay un veto en contra de su candidatura. Durante una visita a México en noviembre del año pasado, el entonces canciller Colin Powell declaró que Estados Unidos podría aceptar un candidato de izquierda y que de escoger un presidente de este signo político "el presidente Bush recibirá a ese líder mexicano tan calurosamente como recibiría a cualquier otro líder mexicano".
El trato entre el gobernante de la ciudad de México y el embajador de Estados Unidos, Tony Garza, es cordial y respetuoso. El pasado 23 de enero ambos funcionarios se encontraron y posaron para la prensa por un asunto de importancia menor: la demostración del sistema anticontaminante que se aplicará en autobuses del Distrito Federal.
En contraste, apenas dos días después, el mismo diplomático envió al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, y al procurador Rafael Macedo de la Concha una carta en la que manifiesta su preocupación por la incapacidad de las fuerzas del orden público locales para hacer frente a la seria situación de seguridad a consecuencia de una mayor violencia entre narcotraficantes. A buen entendedor, pocas palabras. El Peje, a diferencia de otros importantes políticos, no tiene nexos con el tráfico de drogas. Y es un hecho que no pasa desapercibido del otro lado del río Bravo...