La Jornada, 24 de diciembre de 2013
En las élites mexicanas soplan aires similares a los que corrían hace 20 años. Al igual que hoy le sucede a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari se sentía entonces invencible. Su proyecto para reformar México de manera autoritaria y vertical avanzaba sin mayores obstáculos, y se publicitaba como la superación de mitos y atavismos históricos. Había puesto ya los cimientos de un poder transexenal. Sus índices de aprobación en la opinión pública se encontraban por las nubes.
Las reformas al artículo 27 constitucional, que privatizaron el ejido y abrieron el paso a la concentración de la tierra en el campo, se aprobaron sin mayores contratiempos. Lo mismo sucedió con la modificación del artículo 130, que concedió derechos políticos al clero. Al firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se anunció una era de abundancia, progreso y bienestar.
El salinismo se creía eterno. No había más reformas que la suyas. No tenía frente a sí una oposición capaz de resistir su embate. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió abrumadoramente las elecciones intermedias de 1991, y más de 300 de sus militantes fueron asesinados. En los vertederos políticos se discutían asuntos como el de cambiar el nombre del país, argumentando que los organismos financieros internacionales lo identifican como México, y el TLCAN fue firmado con este nombre.
El surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994 trastocó drásticamente ese panorama. Descarriló el proyecto trasexenal del salinismo, dinamitó el presidencialismo autoritario, puso en el centro de la agenda pública la cuestión indígena, desenmascaró como una farsa el proyecto gubernamental de combate a la pobreza, abrió espacios para que una amplia variedad de fuerzas políticas y ciudadanas bloqueadas políticamente se expandieran, obligó la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE), sentó las bases para la reforma política de 1996, acabó con el reinado de los dos bloques político-culturales hegemónicos y oxigenó el debate público sobre el destino del país.
El alzamiento zapatista ganó, en muy poco tiempo, una enorme legitimidad social, que le fue reconocida política y jurídicamente, primero en los Diálogos de la Catedral, y después en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas. Esa adhesión a su causa no fue ajena a los devastadores efectos de las reformas modernizadoras del salinismo entre amplios sectores de la población. Muchos damnificados vieron a los insurgentes como sus vengadores. Los rebeldes justificaron el levantamiento armado, en parte, en la contrarreforma al 27 constitucional y la firma del TLCAN...