La Jornada, 26 de mayo de 2015
Las policías comunitarias incomodan enormemente a las autoridades gubernamentales y al Ejército. No importa que su existencia y labor estén amparadas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero. El malestar contra ellos es tan grande que sus dirigentes han sido perseguidos y encarcelados.
La arbitraria e injusta detención de Nestora Salgado es la más conocida en la opinión pública. No es la única. Hay 13 casos más. Al igual que ella, están tras las rejas Bernardino García, Gonzalo Molina y Arturo Campos. Todos pertenecen al sistema de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), nacida en 1995. Se les acusa de delitos terribles. En realidad, amparados en la ley, detuvieron a delincuentes, ejercieron justicia y afectaron intereses de la narcopolítica guerrerense.
El 21 de agosto de 2103, el mismo día en que se arrestó a Nestora Salgado, un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales –incluidas las fuerzas armadas– aprehendió a 13 integrantes de la policía comunitaria de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres. Entre los detenidos se encontraba Bernardino García Francisco.
Bernardino García, indígena na savi, era el coordinador de autoridades de la casa de justicia El Paraíso. Promotor de la formación de la policía comunitaria en su región, él mismo fue víctima de varios asaltos y estuvo a punto de perder el ojo derecho a raíz de un ataque.
Nativo de El Paraíso, donde fue comisario municipal, es uno de los sobrevivientes de la matanza de El Charco, Guerrero, en la que, en junio de 1998, el Ejército ejecutó a 10 indígenas y un estudiante. Él mismo resultó herido y fue encarcelado más de un año. Tenía entonces 39 años.
Bernardino posee una larga trayectoria de lucha. Fue presidente de los bienes comunales de Coapinola y fundador de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco. Prisionero en el reclusorio de Acapulco por secuestro, la acusación contra Bernardino supuestamente sustentada en la reducación de varias personas por acusaciones investigadas y juzgadas en la justicia comunitaria.
Gonzalo Molina nació en 1962, en Matialapa, municipio de Tixtla, donde se encuentra la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Fue el tercero de 10 hermanos, en el seno de una familia dedicada a la fabricación de ollas, cazuelas y comales...