La Jornada, 02 de junio de 2015
Las elecciones del próximo domingo serán cualquier cosa menos normales. A unos días de concretarse priva la violencia, las guerras de lodo entre partidos políticos, la desconfianza hacia las autoridades electorales, la manipulación de las encuestas, el llamado al boicot y a la anulación del voto, el empate técnico en siete de las nueve gubernaturas en disputa y la posibilidad de triunfo de un candidato independiente.
Aunque el gobierno federal ha tratado de subestimar el clima de violencia alrededor de los comicios, la magnitud del problema no se puede ocultar. Formalmente, en el transcurso de la campaña han sido asesinadas cinco personas: una precandidata, tres candidatos y el coordinador delegacional de una campaña en el Distrito Federal. Sin embargo, al sumar los dirigentes partidarios, acompañantes y familiares fallecidos en los ataques, la cifra sube a 11 muertos y hasta 20.
Pero, más allá de los homicidios, ha habido más de 70 arremetidas violentas: bombazos contra instalaciones electorales, levantones, peleas no verbales, amenazas y agresiones directas contra políticos y aspirantes a ocupar un puesto de elección popular.
El problema es de tal magnitud que las mismas autoridades que públicamente desestiman el clima de violencia, tienen bajo la lupa siete entidades asoladas por el crimen organizado, tres de las cuales merecen especial atención: Guerrero, Jalisco y Tamaulipas. Las otras son Michoacán, Nuevo León, Veracruz y el estado de México.
Miedo o precaución. De acuerdo con fuentes oficiales, durante la jornada electoral, más de 12 mil elementos del Ejército, la Marina, la Policía Federal, el Cisen y la PGR, en coordinación con autoridades estatales, participarán en tareas de seguridad en las entidades bajo observación. En estos focos rojos al menos 18 candidatos a diputados federales y dos a gobernador cuentan con escoltas asignados por la Secretaría de Gobernación. Asimismo, más de 40 aspirantes a cargos municipales son vigilados por cuerpos de seguridad estatales.
Las guerras de lodo entre candidatos y partidos siempre han existido en las campañas electorales. Son como el queso de una cheeseburger. Sin embargo, en esta ocasión han alcanzado una extensión y profundidad inusitadas, al punto de convertirse en uno de sus sellos distintivos. Filtraciones a la prensa y redes sociales sobre negocios turbios y asuntos privados de los candidatos, acusaciones de todo tipo en su contra, denuncias sobre rebase de topes de campaña, verdaderas y falsas, han terminado por oscurecer cualquier posibilidad de discusión (en caso de que las haya) sobre las distintas propuestas programáticas...